La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de Inravisión, revisar de manera prioritaria la suspensión de la programación informativa, de opinión y cultural de las 20 Emisoras de Paz, que actualmente solo transmiten música. La petición, hecha pública a través de un comunicado, apunta a que la decisión adoptada durante la administración de Abelardo de la Espriella sea reevaluada, pues, según el organismo de derechos humanos, cualquier modificación debe considerar los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz de 2016 y el carácter territorial, informativo y diferencial de estas emisoras.
Las Emisoras de Paz fueron creadas al amparo del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, con el objetivo de promover la convivencia, la reconciliación, los derechos de las víctimas y la pedagogía sobre el acuerdo. Actualmente operan en 19 municipios de regiones como Antioquia, Tolima, La Guajira, Norte de Santander, Bolívar, Arauca, Huila, Putumayo, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Nariño, Magdalena, Córdoba y Cesar, territorios históricamente afectados por el conflicto armado. De acuerdo con el representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico, la suspensión de los contenidos regionales e informativos afecta a más de 460.000 personas en su derecho a la información.
Debate de control político en el Congreso
El representante Alejandro Toro anunció que citará a debate de control político a la ministra TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, para que expliquen las razones de la suspensión. Además, denunció un presunto detrimento patrimonial relacionado con la medida. En sus declaraciones, Toro enfatizó que las Emisoras de Paz son un instrumento derivado de un acuerdo de Estado, no de un gobierno en particular, y por lo tanto no pueden estar sujetas a vaivenes ideológicos o políticos.
“Esto no va a los vaivenes ideológicos o políticos de gobierno es un acuerdo de Estado que sale del acuerdo de paz”.
Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico
La Defensoría del Pueblo sostiene que estos espacios permiten visibilizar las voces de comunidades afectadas por la violencia, fortalecer procesos de reconciliación y facilitar el acceso a contenidos de interés público. La discusión de fondo plantea el alcance de la revisión sobre los medios públicos: mientras el Gobierno mantiene la facultad de modificar la programación, la Defensoría insiste en que las Emisoras de Paz requieren un tratamiento acorde a su origen y objetivos, por lo que la suspensión actual debería ser reconsiderada a la luz de los compromisos de paz.
