La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, solicitó formalmente a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 1390 de 2025, emitido por el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado como medida de emergencia económica, aunque pidió preservar los recursos destinados al sector salud, en particular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El documento de 26 páginas, dirigido al magistrado ponente Carlos Camargo Assis, fue revelado por La FM y plantea ocho peticiones específicas para modular los efectos de la decisión judicial, en medio de la suspensión provisional del decreto ordenada por la Corte el 29 de enero con seis votos a favor y dos en contra.
La solicitud argumenta que las causas invocadas para la emergencia no corresponden a hechos nuevos o imprevisibles, sino a una problemática histórica y estructural del sistema de salud colombiano, agravada por una siniestralidad reportada por las EPS del 109,5% y un déficit presupuestal estimado en 5,95 billones de pesos. Según cifras clave, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) destinó 88,4 billones de pesos a la UPC en 2025 y prevé 101 billones para 2026, mientras el decreto buscaba recaudar 16,3 billones de pesos; no obstante, el presidente Petro ya anunció un nuevo ajuste fiscal por 16 billones de pesos.
Crisis estructural y peticiones de la Defensoría
En el contexto de este decreto, firmado para atender órdenes previas de la Corte Constitucional sobre pagos pendientes a las EPS y proteger liderazgos sociales frente a intimidaciones, la Defensoría enfatiza que estas amenazas no constituyen una situación nueva. Entre las peticiones específicas se incluyen la preservación de las medidas tributarias del Decreto 1474, un plazo razonable para la aprobación de una ley ordinaria de presupuesto en salud, vigilancia por parte de los organismos de control y la intervención de la Sala Especial de Sentencia de la sentencia T-760 de 2008. El Gobierno, por su parte, solicitó la nulidad de la suspensión alegando una ruptura de la jurisprudencia desde 1994, lo que abre la puerta a una revisión profunda del documento ahora público.
«La garantía del derecho a salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico».
Iris Marín, Defensora del Pueblo
«Las causas invocadas no corresponden a hechos nuevos o imprevisibles, sino a una problemática histórica y estructural que demanda respuestas institucionales permanentes y no coyunturales».
Defensoría del Pueblo
La Defensora Iris Marín también destacó que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues persisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores, y advirtió sobre una amenaza financiera inminente para el sistema de salud colombiano. Esta intervención de la Defensoría llega en un momento clave, mientras el Ejecutivo busca alternativas fiscales y la Corte delibera sobre el futuro de estas medidas de emergencia, con implicaciones directas en la financiación y estabilidad del derecho fundamental a la salud para millones de colombianos.
