Iris Marín, defensora del Pueblo, dirigió una solicitud formal al Gobierno Nacional, específicamente al ministro de Defensa Pedro Sánchez y a la alta comisionada para la Paz Otty Patiño, para que se revise y levante la suspensión de las órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de alias Calarcá, entre ellos alias Mechas, Richard y Andrey Avendaño, del Frente 33 que opera en el Catatumbo. Esta petición surge porque los procesos de conversaciones no han logrado reducir el tamaño de estos grupos armados, desescalar las hostilidades ni proteger a la población civil, ya que persisten los enfrentamientos, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores, como se ha reportado en el Guaviare.
La solicitud formal está en evaluación por parte del Ministerio de Defensa, en el marco de la política del Gobierno Nacional de suspender órdenes de captura a jefes de disidencias de las FARC como parte de la estrategia de Paz Total. Sin embargo, las acciones armadas atribuidas a la facción de alias Calarcá han agravado, con preocupaciones por reclutamiento forzado de menores en el Guaviare, extorsiones sistemáticas y ataques contra la fuerza pública, lo que cuestiona la conveniencia de mantener esas suspensiones y prioriza la protección de la población civil.
Persistencia de la violencia pese a los diálogos
En este contexto, el cuatro por ciento de los atentados han evadido los esquemas de protección estatal y causado víctimas fatales. Durante la actual administración, cerca de dos mil colombianos han muerto en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo 356 miembros de la fuerza pública. Un caso emblemático es el derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos y por el cual Estados Unidos ofrece hasta cinco millones de dólares de recompensa. Recientemente, la Operación Policía Meta resultó en 11 capturas y la recuperación de 15 vehículos, desarticulando una red de robo de camionetas de alta gama usadas para la movilidad de estos cabecillas en Meta y Cundinamarca.
“Estamos viendo es que los procesos de conversaciones no han llevado a la reducción de los grupos ni tampoco al desescalamiento de las hostilidades”
Iris Marín, defensora del Pueblo
Alias Calarcá ha negado públicamente estas acusaciones, tildándolas de montajes, pero la Defensoría insiste en la necesidad de revisar los beneficios jurídicos concedidos. Por su parte, el ministro Pedro Sánchez ha afirmado que los dos gobiernos, el nacional y el de Estados Unidos, comparten el objetivo de neutralizar a los autores del ataque al helicóptero Black Hawk.
“Los dos gobiernos comparten el objetivo de neutralizar a los autores del ataque”
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La revisión de estas suspensiones representa un punto de inflexión en los esfuerzos por la paz, donde la prioridad debe recaer en la protección de la población civil ante la persistencia de crímenes graves por parte de estas estructuras.
