La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, presentó un alarmante balance de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2026. Según el informe con corte al 31 de julio, se registraron 90 asesinatos de líderes y lideresas sociales, de los cuales 71 eran hombres y 19 mujeres, así como 77 masacres que dejaron un total de 300 víctimas. La entidad instó al Estado a fortalecer las medidas de protección para las comunidades que habitan en zonas de conflicto, donde la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas sigue siendo una amenaza constante.
El informe revela un incremento significativo respecto al mes anterior: al cierre de junio se habían contabilizado 78 homicidios de líderes y 68 masacres con 272 víctimas. Solo en julio se sumaron 12 nuevos homicidios de líderes, 9 masacres adicionales y 28 víctimas más. La Defensoría también reportó el asesinato de cinco firmantes del Acuerdo de Paz entre enero y julio de 2026, una cifra que enciende las alarmas casi una década después de la firma del tratado que puso fin al conflicto con las FARC.
Territorios bajo amenaza y comunidades en riesgo
La Defensoría del Pueblo advierte que los crímenes se concentran en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes ejercen su liderazgo y defienden sus territorios. Estas poblaciones enfrentan mayores riesgos al desempeñar su labor social, lo que evidencia la persistencia de la violencia en medio de los esfuerzos por consolidar la paz. Iris Marín, defensora del Pueblo, ha reiterado que la protección de los liderazgos sociales es un mandato constitucional y una condición necesaria para garantizar los derechos humanos en el país. El llamado de la entidad es claro: es urgente avanzar en políticas efectivas que frenen la impunidad y salvaguarden la vida de quienes trabajan por la paz y la justicia social en los territorios más golpeados por el conflicto.
