Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, de 29 años y con formación de bachiller, declaró ante la revista Semana que durante el gobierno de Gustavo Petro obtuvo cinco contratos estatales a cambio de favores sexuales para el entonces mandatario. Los contratos, que suman cien millones de pesos, se ejecutaron entre 2023 y 2026 en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Ministerio del Interior. La revelación, publicada por el medio capitalino, ha desatado una tormenta política y judicial en Colombia, justo cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 25 de octubre de 2026 medidas de protección para la testigo a través de la Unidad Nacional de Protección.
De acuerdo con la información difundida, Jiménez habría sido vinculada laboralmente mediante una presunta red de mujeres que obtenían puestos a cambio de favores personales, un esquema denunciado inicialmente por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La contratación directa se realizó para servicios asistenciales de archivo, digitación, organización documental y apoyo logístico. El primer contrato, firmado en marzo de 2023 en el Senado, fue por siete millones de pesos. Le siguió en septiembre de ese mismo año otro en la misma corporación, radicado como CDPS-SEN-695-2023, por treinta y cuatro millones de pesos con vigencia hasta julio de 2024. Ya en junio de 2025, la Superintendencia de Vigilancia le asignó un contrato por dieciocho millones de pesos para tareas de archivo y organización documental en la delegatura para el control. En agosto de 2025, el Ministerio del Interior, a través de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), le otorgó un contrato por once millones ciento cincuenta y un mil trescientos treinta y ocho pesos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Finalmente, el 21 de enero de 2026 recibió una renovación en la misma cartera por treinta millones de pesos, válida hasta el 31 de diciembre de 2026. En total, sumando vínculos previos que se extienden por más de un lustro, la cifra asciende a más de ciento treinta millones de pesos.
Una red de mujeres y la reacción institucional
Jiménez es la primera persona que declara públicamente haber recibido asignaciones laborales del Estado a cambio de favores personales para el exmandatario. Según su testimonio, existiría un grupo de entre treinta y cuarenta jóvenes vinculadas bajo esquemas similares, algo que la revista Semana respalda con relatos de encuentros privados, fiestas y el presunto uso de recursos institucionales para sostener acuerdos personales. La publicación asegura que Jiménez posee videos íntimos con Gustavo Petro, un elemento que añade una dimensión explosiva al caso. El gobierno actual, encabezado por Abelardo de la Espriella, ha activado de inmediato una ruta de seguridad con la UNP para proteger a la testigo. El ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, emitió un comunicado oficial en el que subrayó que «la protección de la vida no admite dilaciones. Ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias».
«Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON».
Cláusula del contrato ministerial firmado por Jiménez
La senadora María José Pizarro, quien se desempeñó como primera vicepresidenta del Senado durante uno de los contratos, es mencionada en los documentos oficiales sin que hasta el momento haya emitido una declaración pública sobre el caso. La Fiscalía General de la Nación y los entes de control analizarán ahora las pruebas para determinar si los contratos fueron efectivamente contraprestaciones personales, como lo denuncia Jiménez. En los documentos oficiales el nombre de la joven figura como «Deyci», aunque medios y entidades usan la grafía «Deicy». Jiménez, bachiller del colegio Capacitación 2000, tiene experiencia laboral en el sector audiovisual independiente, un perfil que contrasta con la naturaleza técnica de los trabajos que se le asignaron en el Estado. El testimonio de Semana ha puesto en el centro del debate público la transparencia de las contrataciones durante el cuatrienio de Petro y ha abierto una nueva arista en las investigaciones que ya adelantaba el Dapre sobre presuntas irregularidades en la vinculación de mujeres jóvenes en la administración pública.
