El centro de estudios jurídicos Dejusticia, dirigido por Diana Guzmán y Rodrigo Uprimny, presentó ante la Corte Constitucional de Colombia un documento de 44 páginas en el que solicita definir límites claros al Ejecutivo en la convocatoria de consultas populares mediante decretos. Esta petición surge tras el decreto presidencial emitido por Gustavo Petro para una consulta sobre la reforma laboral, que fue rechazado por el Senado, promulgado y posteriormente derogado por el propio Gobierno. La solicitud fue radicada antes del 10 de enero, fecha en que la Corte, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, retoma sus funciones.
Dejusticia argumenta que la acción del presidente Petro vulneró el artículo constitucional relacionado con las consultas populares y el principio de separación de poderes, ya que el Senado había negado la autorización solicitada por el Ministerio del Interior. Ante el riesgo de que se promuevan consultas inconstitucionales si solo existe un control posterior, el centro jurídico pide a la Corte que se declare competente para ejercer un control previo de constitucionalidad sobre estos decretos y que exhorte al mandatario a respetar las decisiones del Congreso.
Una oportunidad para redefinir el control constitucional
En su extenso documento, Dejusticia busca que la Corte modifique su interpretación actual sobre el control de los decretos que convocan consultas populares, estableciendo así límites precisos al poder presidencial en esta materia. Este caso podría sentar un precedente clave para el equilibrio de poderes en Colombia, evitando que el Ejecutivo eluda las decisiones legislativas mediante mecanismos ejecutivos.
“una oportunidad valiosa para que la Corte modifique su interpretación sobre el control previo de los decretos que convocan a consultas populares”
Dejusticia
La Corte Constitucional analizará esta petición en las próximas semanas, en un contexto de tensiones entre los poderes públicos que podrían redefinir las reglas para futuras iniciativas populares impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
