María Alejandra Rojas Ordóñez, delegada del Gobierno ante el Consejo Superior Universitario y consejera de la Universidad Nacional, reúne notoriedad no sólo por su cargo institucional sino también por su incursión en la política partidista: está postulada a la Cámara de Representantes por Bogotá para las elecciones de 2026 y milita en el Pacto Histórico, mientras continúa ejerciendo como delegada presidencial ante el CSU. Nombrada en noviembre de 2022, su doble función ha encendido un debate sobre compatibilidad y posibles conflictos de interés, especialmente ante la posibilidad de que una funcionaria pública participe de manera activa en una campaña electoral. El tarjetón interno del Pacto Histórico se definió el 26 de octubre, aunque el año no se especifica, y se han registrado viajes y apoyos económicos en 2025 para sostener su campaña, con desembolsos reportados en abril y mayo de ese año.
El foco del escrutinio público está en la supuesta dualidad de roles y en si su participación política afecta su desempeño en la institución universitaria. Expertos y actores del ámbito educativo señalan que es clave esclarecer la relación entre sus funciones ante el CSU y su actividad partidista, a la luz de directrices y recomendaciones de la Procuraduría que buscan evitar el uso de recursos y espacios institucionales para fines políticos y establecer límites a la participación de funcionarios en procesos electorales. En este marco, se discute la necesidad de criterios claros para evitar que la militancia inflija costos a la reputación de la Universidad Nacional y a la percepción de su autonomía.
Contexto necesario
Antecedentes: la designación de Rojas como delegada del Gobierno ante el CSU en noviembre de 2022, sumada a su condición de consejera del CSU y a su involucramiento en política partidista, ha generado cuestionamientos sobre la compatibilidad de roles. Ahora, su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá y su militancia en el Pacto Histórico reactivan el debate sobre la idoneidad de que una funcionaria participe activamente en la vida política, con posibles efectos en la confianza institucional y en la imagen de la Universidad Nacional.
Las posibles consecuencias apuntan a una afectación en la percepción de independencia de la institución académica y a la necesidad de acatar directrices, como la directiva 013 de 2025 de la Procuraduría, que orienta la participación política de funcionarios en cargos públicos y subraya la prohibición de utilizar recursos públicos para campañas o para proselitismo en entornos institucionales. En ese marco, la discusión no se limita a una cuestión de cumplimiento normativo, sino a la manera en que la comunidad universitaria y la opinión pública interpretan la relación entre la función administrativa y la militancia política.
Datos secundarios que alimentan el debate señalan que, en la cobertura periodística, El Colombiano cita a Camilo Younes y Diego Torres, profesores ante el CSU, quienes han hecho alusión a pagos relacionados con la labor de Rojas. Se mencionan mecanismos como el derecho de petición sobre pagos y la existencia de la directiva 013 de 2025 de la Procuraduría, que aportan un marco de análisis para evaluar la legalidad y la interpretación de las erogaciones que acompañan la gestión ante el CSU.
«no es un trato preferencial hacia mí en este momento ni lo ha sido antes para otras personas. Entendería la crítica si eso fuera así o un derroche de recursos públicos, pero no es el caso. Esos pagos ha sido por el trabajo riguroso, que trasciende las sesiones (del CSU) y lo que se hace en la comunidad universitaria» – María Alejandra Rojas Ordóñez, delegada del Gobierno ante el CSU
«estaría violando el Código General Disciplinario» – Paloma Valencia, senadora (Centro Democrático)
«ejerce funciones públicas en el CSU y la Procuraduría ha sido enfática en prohibir este tipo de actuaciones» – Paloma Valencia, senadora (Centro Democrático)
La noticia continúa en desarrollo mientras la Procuraduría y la Universidad Nacional analizan el alcance de las recomendaciones y las directivas vigentes para evitar posibles irregularidades, y la atención de la opinión pública se mantiene alerta ante la eventualidad de nuevas definiciones sobre la participación de funcionarios en procesos electorales. En este contexto, la comunidad universitaria y los observadores exigen claridad sobre la coherencia entre las responsabilidades institucionales y la aspiración política de una figura que, a la vez, representa a la Universidad Nacional ante el CSU y busca cargos de representación popular.
