Una demanda de pérdida de investidura contra el congresista Agmeth Escaf Tijerino, del Pacto Histórico, fue radicada el 12 de octubre de 2026 ante el Consejo de Estado. La acción judicial, identificada con el radicado procesal 11001032800020260035100, fue interpuesta por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), y solicita además la inhabilitación permanente del parlamentario para ejercer funciones públicas. El demandante fundamenta su petición en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, que contempla la pérdida de investidura por tráfico de influencias, a partir de las declaraciones que la exconsejera presidencial Eva Ferrer ofreció a la Revista Semana.
En esa entrevista, Ferrer, quien se desempeñó como consejera presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, señaló presuntas injerencias indebidas de Escaf y de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, en la designación y remoción de directivos de entidades públicas del orden nacional. Según el recurso presentado ante los magistrados, la exfuncionaria afirmó que ambos formaban parte del círculo cercano de Alcocer y que ejercían control sobre varias instituciones del Estado durante la administración Petro. Las acusaciones incluyen el manejo de nombramientos en organismos como el ICBF, el Dapre, ProColombia, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación, el Icetex y la UNGRD, entre otras.
Señalamientos sobre control de entidades y millonarios recursos
Las revelaciones de Ferrer no solo apuntan a la influencia política en cargos públicos, sino que también mencionan el movimiento de 2,5 millones de dólares que, según sus afirmaciones, habrían ingresado a Colombia desde Venezuela en enero de 2023. Aunque la exconsejera no presentó pruebas documentales en la entrevista, la demanda ante el Consejo de Estado incorpora la pieza periodística como material probatorio y solicita la citación de Eva Ferrer para que amplíe y ratifique sus declaraciones bajo juramento. El demandante pidió igualmente que se escuche en testimonio a exdirectivas de las entidades señaladas y que se requieran informes oficiales a la Presidencia de la República, a la Fuerza Aérea Colombiana y al Consejo Nacional Electoral.
«Se apoderan del Icbf. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime, que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario. Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel (Grau)»
Eva Ferrer, exconsejera presidencial
Ante el revuelo generado por estas afirmaciones, el congresista Escaf ha salido a dar la cara y a negar rotundamente cualquier conducta indebida. En declaraciones divulgadas a los medios, el parlamentario aseguró que las acusaciones de Ferrer hacen parte de una campaña de señalamientos en su contra y que la exfuncionaria pretende involucrarlo en conflictos y venganzas personales. Escaf anunció que ya cursan una demanda civil y una denuncia penal por injuria y calumnia contra Ferrer, y que ha solicitado formalmente el derecho de réplica ante el medio que difundió la entrevista.
«Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso»
Agmeth Escaf, congresista del Pacto Histórico
El expediente radicado en el Consejo de Estado también hace referencia a presuntas disputas económicas entre Escaf y la ex primera dama Verónica Alcocer, un aspecto que, según el demandante, contextualiza las presiones que habría ejercido el congresista para la designación o remoción de funcionarios. El proceso se encuentra ahora en manos de los magistrados, quienes deberán determinar si las declaraciones de Ferrer tienen la entidad suficiente para abrir investigación formal. Mientras tanto, Escaf ha insistido en su inocencia y en su disposición a comparecer ante la justicia, subrayando que no tiene nada que ocultar ni de qué esconderse.
«A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie»
Agmeth Escaf, congresista del Pacto Histórico
El desenlace de esta controversia dependerá de la valoración probatoria que haga la corporación judicial. La demanda pide no solo la pérdida de la investidura, sino también la inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular, una sanción que, de ser acogida, marcaría el final de la carrera política de Escaf. Por ahora, el congresista asegura que demostrará su honradez en el escenario judicial, mientras la veeduría demandante confía en que las declaraciones de Ferrer y los testimonios que se recauden permitan esclarecer un caso que sacude al Congreso y al Pacto Histórico.
