El excandidato presidencial Santiago Botero enfrenta una demanda por presunto fraude en la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por la venta de la fintech FinSocial en 2021. La acción legal, presentada el 8 de julio de 2026, es promovida por Christofferson Robb & Company LLC, con sede en el Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, constituida en las Islas Caimán, y también señala al grupo Kandeo y a Medici S.A.S. Las reclamaciones potenciales superan los 150 millones de dólares, una cifra que contrasta con los cerca de 36 millones de dólares que se pagaron por la adquisición de la compañía especializada en créditos de libranza y consumo.
De acuerdo con la demanda, durante la negociación se habría entregado información financiera incorrecta para inducir a la compra. En particular, se cuestiona la validez de un préstamo puente de 19 millones de dólares y de los créditos ofrecidos como garantía, además de denunciar transacciones no reveladas con empresas vinculadas a Botero entre 2019 y 2021, que ascienden aproximadamente a 57.000 millones de pesos colombianos. Auditorías posteriores al cierre de la operación detectaron presuntas inconsistencias en los estados financieros de FinSocial, incluyendo un 98% de los créditos en mora superior a 30 días y la existencia de créditos ficticios o inactivos que respaldaban un capital cercano a los 42.000 millones de pesos colombianos.
La defensa de Botero y el testimonio clave
Frente a estas acusaciones, el excandidato presidencial ha rechazado categóricamente los señalamientos, calificándolos de una «distorsión de los hechos». Botero sostiene que los compradores buscan justificar pérdidas operativas derivadas de la tasa de cambio del dólar y asegura que todas las transacciones de FinSocial contaron con la supervisión de revisores fiscales. En sus declaraciones, ha ido más allá al afirmar que el fondo demandante habría incurrido en una operación irregular al simular una compra como si se tratara de un crédito.
«CRC como de pronto ha perdido plata por el tema del dólar, pues tienen unos costos en las aperturas en los que han perdido dinero. Ellos quieren de alguna manera simular que su fondo no se equivocó en la operación, que los engañaron, sabiendo que ellos hicieron una simulación de una compra de una empresa con un fondo de deuda que ellos no lo podían hacer como fondo de ‘equity’ (fondo de capital privado), eso sí es un ilícito. Ellos hicieron la trampa, hicieron un modelo como si fuera una un crédito»
Santiago Botero, excandidato presidencial
La demanda se apoya, entre otros elementos, en un informe de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025. El caso cuenta además con un testigo central: Juan Manuel Puerto, exdirector financiero de FinSocial, quien habría reconocido irregularidades contables durante las investigaciones. No obstante, existe una declaración notariada en la que Puerto niega haber dicho que Botero ordenó manipular los libros contables, un matiz que añade complejidad al proceso en los tribunales estadounidenses.
Los demandantes afirman que, después de la compra, se produjo un desvío de fondos y ocultamiento de activos, incluyendo pagos directos a Botero y a empresas afiliadas al grupo Kandeo. La fintech en cuestión, FinSocial, se dedicaba a créditos de libranza y consumo, y el litigio ahora pone bajo la lupa tanto la operación de venta como las prácticas financieras que la rodearon, en un caso que promete captar la atención del ámbito empresarial y político por las implicaciones que conlleva.
