El abogado Mauricio Pava, junto con la Fundación Dilo Colombia, presentó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión provisional de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo generado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una zona rural de Briceño, Antioquia, tras varios días de desaparición. El crimen, atribuido a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Chalá, integrante del frente 36 de las disidencias de las FARC, ocurrió en una región bajo influencia de grupos armados ilegales, lo que ha motivado la acción judicial dirigida al magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro.
Las ZUT en cuestión, establecidas por la Resolución 471 de 2025 como parte de la política de Paz Total, abarcan municipios como Belén de Bajirá y Unguía en Chocó, y Tierralta en Córdoba. Los demandantes argumentan que su creación viola la Constitución, ya que se implementaron sin una ley de sometimiento, ceses al fuego ni dejación de armas, y pese a la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que condiciona estas zonas a procesos judiciales avanzados. Previamente, se radicaron derechos de petición a los alcaldes de estos municipios, pero no recibieron respuesta, lo que agravó la situación en áreas disputadas también por el Clan del Golfo.
Críticas al Gobierno por entrega de territorios
Mateo Pérez Rueda, fundador del medio local El Confidente, fue expuesto por su labor investigativa en Briceño, según reportó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que registra 170 periodistas asesinados en Colombia desde 1977. El presidente Gustavo Petro confirmó al autor del crimen, mientras Flip y el Consejo Nacional de Paz han rechazado el asesinato como un grave atentado a la libertad de prensa. El Consejo de Estado deberá decidir sobre la admisión de la demanda, en un contexto donde los demandantes denuncian que el Gobierno ha permitido que estructuras armadas reemplacen la autoridad estatal.
«En 2022 le advertimos a Iván Cepeda y al equipo de Isabel Zuleta que no se podían entregar territorios sin una ley de sometimiento, sin reglas claras. Están matando las personas. Le pedimos hoy al Consejo de Estado que tome una determinación frente a las zonas de ubicación temporal. No puede haber territorios donde no sea la autoridad del Estado la que esté rigiendo. Allí derogaron la Constitución.»
Mauricio Pava, abogado
«La paz se defiende respetando la Constitución, garantizando la autonomía territorial y asegurando que ninguna estructura armada termine reemplazando la autoridad legítima del Estado. En amplias zonas del país, la presencia de estructuras armadas con la aquiescencia del Gobierno amenaza con sustituir la autoridad de la Constitución de 1991 por la ley del miedo.»
Mauricio Pava y Fundación Dilo Colombia, demandantes
Esta solicitud judicial pone en el centro del debate la efectividad de la política de Paz Total y la protección de la vida en regiones donde la presencia estatal es precaria, recordando que el asesinato de Pérez no es un caso aislado en un país con una larga historia de violencia contra la prensa.
