María Alejandra Rojas Aguilar, exfuncionaria de la Gobernación del Magdalena y excandidata política, presentó una denuncia contra Fabián Bolaño Gutiérrez, actual secretario de tránsito de la Gobernación del Magdalena para el período 2021-2026 y miembro del movimiento Fuerza Ciudadana, por presunto abuso sexual ocurrido durante un evento político juvenil en Bogotá en diciembre de 2018. Este caso surge en el contexto de una serie de denuncias similares contra figuras cercanas al exgobernador del Magdalena y candidato presidencial Carlos Caicedo, donde Rojas Aguilar alega haber sido drogada con fenotiazina, dejada inconsciente y atacada sexualmente.
Según el relato de la víctima, el incidente fue interrumpido por la intervención de su hermano, quien alertó a la policía que acudió al lugar. Posteriormente, exámenes médicos confirmaron tanto el abuso sexual como la presencia de fenotiazina en su organismo. La denuncia formal se radicó ante la Fiscalía General de la Nación en abril de 2019, acompañada de fotografías, resultados clínicos y testimonios, pero el proceso judicial permanece estancado casi cuatro años después, sin avances significativos pese a las gestiones de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.
Un patrón de denuncias en Fuerza Ciudadana
El caso de Rojas Aguilar se enmarca en un patrón de acusaciones por acoso sexual, presión laboral y tocamientos indebidos en el entorno del movimiento Fuerza Ciudadana, las cuales han sido rechazadas por el partido como maniobras con intereses electorales. Excolaboradoras han descrito un ambiente hostil marcado por el temor a represalias, aunque las pruebas entregadas a las autoridades no han derivado en investigaciones ni sanciones formales.
Trayectoria política de Bolaño Gutiérrez
Fabián Bolaño Gutiérrez mantuvo sus cargos públicos tras el incidente y solo renunció en mayo de 2022 para unirse a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Hasta la fecha, no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra, mientras que la mención reciente del caso, el 21 de enero de 2026, ha reavivado el debate sobre la impunidad en entornos políticos.
Este episodio subraya las dificultades para avanzar en procesos judiciales relacionados con abusos en contextos partidistas, donde la falta de respuesta institucional deja a las víctimas en un limbo prolongado y cuestiona la accountability en la política colombiana.
