El abogado Víctor Mosquera calificó como un “error jurídico” la denuncia que el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, interpuso contra su contendiente Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Fiscalía General de la Nación. Según Mosquera, el mecanismo utilizado por Cepeda desconoce por completo el procedimiento establecido en el Estatuto de Roma, organismo rector de la CPI, por lo que la denuncia no tendría viabilidad jurídica. El jurista explicó que el Estatuto de Roma solo contempla investigaciones de oficio por parte del fiscal de la Corte o remisiones de los Estados miembros o del Consejo de Seguridad de la ONU, pero en ningún caso acepta denuncias directas de particulares, como si se tratara de tribunales nacionales.
La denuncia de Iván Cepeda, radicada además ante la Fiscalía colombiana, señala presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, Uber Enrique Banquez, Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez y Juan Carlos Sierra. Cepeda sostiene que documentos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de Justicia y Paz y la Comisión de la Verdad evidencian que De la Espriella, quien fue presidente de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), habría utilizado esa organización como mecanismo para ampliar la influencia paramilitar. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.
“El candidato presidencial Iván Cepeda está presentando ante la opinión pública un error. No se pueden presentar denuncias penales ante la Corte Penal Internacional porque el Estatuto de Roma no lo prevé”, afirmó Mosquera, quien agregó que el mismo Cepeda “está olvidando que Colombia desde 2021 dejó de ser investigada preliminarmente por la Corte Penal Internacional”. En ese sentido, el abogado fue enfático al señalar que “no se puede seguir utilizando el sistema judicial, ni colombiano ni la Corte Penal Internacional, como mecanismo de réditos políticos”.
Mosquera también recordó que instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han establecido que los candidatos políticos deben debatir y ser contradictores en los escenarios políticos, mas no criminalizarse y utilizar la justicia para buscar un voto o desacreditar al contendor y hacerle daño a su imagen y reputación. Para el jurista, esta denuncia representa un uso indebido de la justicia penal con fines electorales.
“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”.
Iván Cepeda, candidato presidencial
En su denuncia, Cepeda hizo un llamado a las organizaciones de víctimas para que activen todos sus mecanismos y exijan que “a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia, sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”. No obstante, la crítica de Mosquera persiste sobre la forma en que se presentó la denuncia y sobre la pertinencia de utilizar la CPI como escenario para disputas políticas. La polémica se da en medio de la contienda presidencial en Colombia, donde ambos candidatos han elevado el tono de sus acusaciones.
