Desde La Veintitrés Manizales, se reporta que una denuncia formal fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral, en Colombia, por la ciudadana Diana Marcela Otavo Morales contra Mauricio Cárdenas Santamaría, por presunta infracción a normas de publicidad electoral durante la recolección de firmas para su candidatura presidencial. La denunciante solicita una investigación administrativa y eventual sanción, así como medidas para eliminar datos personales obtenidos en el sitio micasaya2.com; también se contempla la posibilidad de remisión de la causa a la Fiscalía. En la documentación difundida se citan mensajes y videos difundidos en redes sociales y en el sitio web que aluden a promesas de beneficio particular asociadas a la campaña de Cárdenas Santamaría. La fecha citada para la inscripción aparece como el 31 de octubre, aunque la fecha exacta de la queja no fue especificada.
Entre los elementos de la denuncia figura la presunta utilización de publicidad electoral durante la recolección de firmas, con la promesa de que los primeros inscritos serían priorizados en un programa de vivienda para las familias cuando Mauricio Cárdenas Santamaría sea presidente. Se mencionan alrededor de 400.000 familias beneficiarias y 400.000 inscritos como primer bloque de promesa; se solicita la eliminación de datos personales de la plataforma y se evalúa la posibilidad de remisión penal por posibles delitos de corrupción de sufragante. Además, se evoca la necesidad de medidas administrativas para evitar la difusión de mensajes que podrían vulnerar la transparencia y la equidad de la contienda electoral, en el marco de los artículos 265 de la Constitución Política y 390 del Código Penal.
La denuncia avanza en el marco de un movimiento en formación y la recolección de firmas
El hecho llega en un contexto en el que un movimiento político en formación realiza esfuerzos de recolección de firmas para la campaña presidencial de Mauricio Cárdenas Santamaría. El sitio citado en la denuncia, www.micasaya2.com, figura como parte de la evidencia, junto con referencias a normas y mensajes difundidos en redes sociales y en el propio portal. Las autoridades estudian las medidas solicitadas, incluidas las de carácter preventivo y la posible derivación de la causa a la Fiscalía, ante indicios de infringir la normativa sobre publicidad electoral y de vulnerar la protección de datos personales obtenidos a través de la página web.
«En el CNE se pronuncien rápidamente» – Diana Marcela Otavo Morales
La discusión pública alrededor de este caso podría tener consecuencias administrativas y, en su caso, penales, si se confirma la infracción a las normas de publicidad electoral y la posible corrupción de sufragante. En ese escenario, podrían imponerse sanciones y medidas para eliminar los datos recopilados sin el debido marco de protección, reforzando la vigilancia sobre las prácticas de candidaturas emergentes y la transparencia de los procesos de inscripción y promoción de programas de beneficio para la población.
