Una mujer adulta mayor que reside en el conjunto El Palmar etapa 2 de Ibagué y su hija han denunciado ante las autoridades un prolongado y sistemático hostigamiento que incluye maltrato verbal, psicológico y el presunto envenenamiento de sus mascotas, presuntamente orquestado por vecinos y la asociación de copropietarios del sector. De acuerdo con Jorge Andrés Patiño Hurtado, abogado con maestría en derecho del estado que representa a las víctimas, la situación se remonta a más de diez años y tiene su origen en una negativa de la propietaria a pagar cuotas de administración a una asociación que, según determinó un fallo judicial, carece de la calidad jurídica de propiedad horizontal para exigir dicho cobro.
El caso llegó a los estrados judiciales cuando la asociación de copropietarios, que el apoderado describe como una organización civil sin la personería jurídica de una propiedad horizontal, inició un proceso ejecutivo contra la adulta mayor por el supuesto no pago de cuotas de administración. Sin embargo, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué, en una sentencia del 11 de abril de 2014, falló a favor de la demandada. La jueza Martha Jeannette López, quien presidió el caso, estableció en su decisión que el inmueble de la señora no se encuentra afectado al régimen de propiedad horizontal, razón por la cual no se le puede citar como copropietaria, y además aclaró que no existe un vínculo jurídico entre la propietaria y la asociación actora. La jueza López enfatizó que aunque el conjunto se maneja como cerrado, en realidad es abierto y la asociación se constituyó para el beneficio de todos, pero pertenecer a ella y contribuir económicamente no es una obligación legal. A pesar de este fallo favorable, la asociación continuó operando como si fuera un conjunto cerrado legítimo, manteniendo cerramientos y cobros, y la familia tuvo que pagar siete millones de pesos que nunca les fueron devueltos, dinero que una tía les prestó para saldar lo que creían una deuda.
Hostigamiento sistemático y fumigaciones con glifosato
El conflicto no cesó y, por el contrario, escaló a episodios de mayor gravedad. La denuncia señala que la adulta mayor ha sido víctima de insultos públicos y amenazas constantes por parte de vecinos, entre ellos personas que se identificaron como abogado y pastor de una iglesia. Uno de los hechos más alarmantes ocurrió cuando, sin ningún tipo de aviso, se fumigó el antejardín de su vivienda con herbicidas agrícolas como glifosato, una sustancia altamente tóxica que habría afectado la salud de sus mascotas. Las víctimas también reportan que la asociación ha restringido el acceso al espacio público mediante portones con llave, impidiendo la libre circulación y la entrada de ambulancias en caso de emergencia. La vigilancia privada contratada por la asociación, según la denuncia, retiene a las personas, les impide la salida, les toma fotografías y ha llegado a amenazar con armas blancas. El incidente más reciente ocurrió el jueves 21 de mayo de 2025, cuando el portero retuvo a un familiar de la denunciante, un hecho que se suma a otros reportados los días 17 y 18 de mayo del mismo año.
Autoridades constatan ocupación ilegal del espacio público
La Dirección de Espacio Público de Ibagué, en un oficio del 13 de septiembre de 2024 firmado por su director John Ferley Amaya, constató que existe una afectación permanente y grave del espacio público, lo que impide la libre circulación y locomoción de los habitantes de la zona. El oficio también señala que en la dirección no reposa la expedición de resoluciones o certificaciones de registro de personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal, lo que confirma la ilegalidad del cerramiento. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento oficial, la administración municipal revocó la orden de restitución del espacio público y, en su lugar, abrió un proceso de concertación que actualmente se adelanta en la Personería Municipal de Ibagué. Las víctimas han solicitado la intervención de la Policía Nacional, la Casa de la Justicia, la Personería y la oficina de Espacios Públicos, pero hasta el momento las medidas de protección no han sido efectivas y el hostigamiento continúa.
«Los problemas de la señora comenzaron cuando la asociación de copropietarios, que no es una junta de acción comunal, sino una asociación civil sin la calidad jurídica de una propiedad horizontal, pretendió cobrarle coercitivamente cuotas de administración mediante un proceso ejecutivo»
Jorge Andrés Patiño Hurtado, apoderado de las víctimas
La legislación colombiana, a través del artículo 117 de la Ley 1801 de 2016, prohíbe explícitamente restringir el tránsito de mascotas, incluso en conjuntos cerrados legítimos, lo que hace aún más grave la situación de las mascotas de la adulta mayor. El abogado Patiño Hurtado advierte que, ante la inacción de las autoridades, se teme que el conflicto pueda escalar a episodios de violencia directa contra la adulta mayor, quien vive sola y en constante temor por su integridad física. La hija, que ha preferido mantener su identidad en reserva por seguridad, también ha sido víctima de acoso cada vez que visita a su madre. La familia denuncia que al menos dos personas han ocupado la presidencia de la asociación de copropietarios desde la sentencia de 2014 y que ambas habrían incentivado el hostigamiento. Mientras la Personería Municipal adelanta el proceso de concertación ordenado, las víctimas claman por una intervención urgente que ponga fin a lo que consideran un caso de violencia institucional y vecinal que lleva más de una década sin solución.
