El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático y congresista más votado de la actual legislatura, presentó el martes 25 de agosto de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, en la que señala a 74 funcionarios y contratistas que, pese a contar con inhabilidades vigentes, habrían suscrito contratos con entidades públicas, configurando lo que describió como un aparente carrusel de contratación irregular. El cruce de bases de datos realizado por el equipo de Briceño entre los sancionados por la Procuraduría General de la Nación y las contrataciones posteriores reveló que 42 de estas personas habrían presentado certificados falsos para ocultar su condición de inhabilitados, mientras que el resto simplemente omitió el requisito o informó su situación pero fue contratado de todas formas.
La denuncia, que Briceño calificó como una primera entrega de una investigación más amplia, abarca aproximadamente 155 contratos por un valor cercano a los 8.000 millones de pesos. Durante la presentación, el congresista explicó que el análisis partió de un cruce de datos entre los registros disciplinarios de la Procuraduría y el sistema de contratación estatal, detectando un patrón que se habría mantenido durante la administración del presidente Gustavo Petro. “Son 74 personas que, haciendo un cruce entre bases de datos, encontrábamos que tenían una sanción o inhabilidad para contratar, pero que aun así han venido contratando con el Estado”, afirmó Briceño, quien exigió una explicación sobre por qué el sistema Secop no realiza esta verificación de manera automática si los antecedentes ya están en la Procuraduría.
Tres modalidades de contratación irregular
Según la denuncia, se identificaron tres formas en que estas personas eludieron los controles: quienes presentaron documentos falsos negando sus restricciones, quienes informaron su condición de inhabilitados y aun así fueron contratados, y un tercer grupo que simplemente omitió presentar el certificado de inhabilidades. Entre los casos más llamativos, Briceño destacó el de Rubén Darío Díaz, exprocurador provincial de Guateque, inhabilitado hasta 2031, quien habría suscrito tres contratos entre 2024 y 2026 y actualmente mantiene una relación con la Jurisdicción Especial para la Paz. “Habrían falsificado su certificado de inhabilidades presentando un certificado diciendo que no tienen inhabilidades cuando en el sistema de la Procuraduría aparece que sí”, sostuvo el representante.
“Si eso lo estoy haciendo yo cruzando bases de datos, ¿por qué el sistema Secop no lo hace de forma inmediata si ya están los antecedentes en la Procuraduría?”
Daniel Briceño, representante a la Cámara
El congresista señaló que en varios casos las entidades contratantes no están verificando si los oferentes están o no inhabilitados, lo que atribuyó a una posible falta de articulación entre los sistemas de control. Por ello, pidió que Colombia Compra Eficiente y la Procuraduría, a cargo de Gregorio Eljach, implementen un mecanismo automático de verificación de inhabilidades en el sistema Secop. “En varios casos sí hay entidades que no están revisando si están o no están inhabilitados”, dijo Briceño, quien advirtió que continuará identificando casos en otras ciudades y señaló un posible tráfico de influencias detrás de estas contrataciones. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen responsabilidades penales más allá de las administrativas.
