En una movida que sacude el panorama político y fiscal del país, el representante a la Cámara Simón Molina Gómez, en su calidad de vicepresidente primero de la corporación, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exministro de Hacienda Germán Ávila y otros exfuncionarios de esa cartera que participaron en la formulación del Presupuesto General de la Nación para 2027. La acusación apunta a que el proyecto presentado por el gobierno de Gustavo Petro contenía un desbalance monumental: $30,2 billones estaban condicionados a una ley de financiamiento que ni siquiera había sido aprobada por el Congreso, lo que configuraría, según el congresista, una presunta falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal.
La denuncia, que ya está en manos de la Fiscalía, busca esclarecer si las graves inconsistencias en las cuentas nacionales obedecen a errores técnicos o si, por el contrario, hubo una intención deliberada de maquillar las cifras. Molina solicitó que se recopilen actas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), memorandos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), documentos del proceso de empalme y todos los soportes que permitan determinar el origen de este desajuste fiscal.
Los números del desbalance
El presupuesto original presentado por el gobierno Petro ascendía a $575,6 billones. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya había advertido inconsistencias: el gasto primario superaba en $20,7 billones el límite establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, se identificaron $12,6 billones en recursos de balance con información poco clara, una brecha de $8,3 billones entre los ingresos esperados y la reforma tributaria propuesta, y una presunta subestimación de obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), gas, salud, pensiones y subsidios de energía por $9,6 billones. Todo ello, según Molina, revela un escenario de «descuadre fiscal» que no puede explicarse como un simple error administrativo.
«Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe. El Gobierno Petro presentó un proyecto por $575,6 billones que incluía $30,2 billones condicionados a una ley de financiamiento que ni siquiera había sido aprobada»
Simón Molina Gómez, representante a la Cámara y vicepresidente primero
El congresista fue más allá en sus declaraciones, al señalar que «esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran». En ese sentido, afirmó que «vamos a llegar hasta el fondo para que Colombia conozca qué pasó con sus cuentas, pues de comprobarse los hechos denunciados, estamos ante una gran operación criminal para encubrir malos manejos».
El impacto se agrava al considerar que, al sincerar las cifras, el déficit fiscal anunciado originalmente en 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) se disparó al 4,4% del PIB, un aumento que Molina atribuye directamente al uso de ingresos contingentes sin respaldo legal. A esto se suma un salto de $37,4 billones en el servicio de la deuda, lo que, en palabras del representante, «es el costo de haber presentado ingresos contingentes sin ley aprobada y gasto obligatorio por fuera del techo».
«A eso se suma un salto de $37,4 billones en servicio de la deuda. El déficit que anunciaron en 2,1% del PIB quedó, al sincerar cifras, en 4,4%. Es el costo de haber presentado ingresos contingentes sin ley aprobada y gasto obligatorio por fuera del techo. Por eso pedí a la Fiscalía investigar»
Simón Molina Gómez, en su cuenta de X
El panorama se tornó aún más complejo cuando el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella asumió y revisó el proyecto. La administración entrante radicó una nueva propuesta de presupuesto por $634,9 billones, es decir, $58 billones más que el anterior, incorporando rubros que la administración Petro había pasado por alto. Este ajuste de última hora no solo evidenció el desbalance original, sino que puso en tela de juicio la rigurosidad técnica con la que se manejaron las finanzas públicas durante el gobierno anterior.
La denuncia de Molina no solo apunta a Ávila, sino también a otros exfuncionarios del Ministerio de Hacienda que participaron en el proceso de formulación del presupuesto. El congresista busca que la Fiscalía determine si hubo responsabilidad penal en la presentación de cuentas que, según los técnicos, no se ajustaban a la realidad fiscal del país. Mientras tanto, el país espera que la investigación arroje luz sobre lo que muchos consideran ya no un simple desajuste, sino una posible maquinación para ocultar la verdadera situación de las finanzas nacionales.
