Una exviceministra encargada de Transporte del gobierno Petro, Lina Huari, es señalada por presuntas irregularidades en la suscripción de un multimillonario convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) para la operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), encargados de aplicar los nuevos exámenes de conducción en Colombia. La denuncia penal, radicada por el abogado Diego Mauricio Ardila a comienzos de julio de 2026, apunta a Huari y a la entonces ministra María Fernanda Rojas por un proceso que habría estado viciado desde su origen, con un contrato firmado a las 7:00 p. m. del 31 de diciembre de 2025, un mes antes del inicio de las restricciones de la Ley de Garantías electorales. El convenio, con una vigencia de 20 años, movería un estimado de 20 billones de pesos, de los cuales al menos 5 billones serían ganancias para la Unad.
Según la denuncia, Huari, quien fungió como asesora del despacho y viceministra encargada, habría alterado el proceso de selección para favorecer exclusivamente a la Unad, utilizando argumentos ficticios y requisitos extralegales que dejaron por fuera a otras instituciones de educación superior públicas que ya tenían concepto favorable. Ardila detalló que el Ministerio no estaba ante un escenario de ausencia de oferta pública, sino que existían al menos cinco IES públicas con cumplimiento mínimo, como la Universidad Surcolombiana y la UPTC. El abogado calificó la actuación como una «falsa motivación, desviación de poder, desconocimiento del procedimiento reglado, violación de la confianza legítima, afectación de la libre competencia y evidente favorecimiento contractual indebido».
Denuncias y tutela por falta de transparencia
La controversia escaló cuando la Universidad Surcolombiana y la UPTC interpusieron una tutela el 17 de marzo de 2026, denunciando la falta de apertura para que más instituciones participaran. En un escrito del 24 de julio de 2026, los rectores de ambas universidades aseguraron que «el proceso de contratación con la Unad fue el único contrato firmado, permitiéndole, en un acto de ventaja ilegal, iniciar en solitario la implementación y prestación del servicio, cerrando el mercado temporalmente para las demás IES». El Ministerio respondió que no se trataba de una selección monopólica, pero la pluralidad nunca se materializó, lo que agravó las sospechas de direccionamiento.
En medio de este escenario, el 24 de julio de 2026 el Ministerio aprobó apenas 9 de las 32 sedes necesarias para la operación de los Cale por parte de la Unad. Sin embargo, al día siguiente, el Runt certificó que no había ningún centro registrado. El 30 de julio, Lina Huari respondió que la fase de registro no había concluido, y el 3 de agosto se envió un oficio al Runt para inscribir los 32 centros. Al día siguiente, 4 de agosto, Huari expidió la resolución de puesta en marcha, con vigencia prevista para el 14 de septiembre de 2026. Entre el oficio del 24 de julio y el listado del 3 de agosto, se identificaron cambios no explicados en al menos siete direcciones de sedes, que incluían ciudades como Medellín, Bogotá Sur, San José del Guaviare, Bucaramanga, Armenia, Yopal y Bogotá Centro.
«El trámite del registro corresponde a la Subdirección de Tránsito. Las solicitudes se radicaron en mayo y la Concesión Runt me confirmó el registro el 3 de agosto. La Subdirección verificó que cada sede cumpliera, uno por uno, todos los requisitos»
Lina Huari, exviceministra (e) de Transporte
Frente a las acusaciones, Lina Huari negó que existiera exclusividad en el contrato, señalando que la Unad presentó «la propuesta más sólida» y que la cartera puede vincular a otras instituciones. Sin embargo, el abogado Ardila ya ha radicado, además de la denuncia penal, una queja disciplinaria ante la Procuraduría, mientras se espera que el caso avance en los tribunales, en medio de un clima de controversia por el impacto de un negocio que define el futuro de la evaluación para conductores en Colombia.
