El Instituto Anticorrupción, a través de su director Camilo Alberto Enciso Vanegas, presentó una denuncia formal el pasado 25 de octubre ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al expresidente Gustavo Petro por posibles irregularidades en la contratación pública. La acción se origina a raíz de los señalamientos públicos realizados por Deicy Jiménez en una entrevista con la revista Semana, donde aseguró haber mantenido presuntos encuentros sexuales con Petro cuando este era senador, además de mencionar la existencia de una red de unas 40 mujeres a su servicio y haber transportado droga para él.
El Instituto Anticorrupción, que conoció los hechos a través de publicaciones periodísticas, solicita a las autoridades competentes que se determine qué ocurrió y quiénes participaron en estos hechos, con el objetivo de esclarecer si se utilizaron recursos públicos para fines particulares. La denuncia fue remitida tanto a la Comisión de la Cámara como a la Corte Suprema para que actúen dentro de sus competencias en el marco de esta investigación que se encuentra en etapa de desarrollo.
Los contratos bajo la lupa
Según la información verificada por el Instituto Anticorrupción a través del Portal Anticorrupción de Colombia, Deicy Jiménez suscribió un total de 10 contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026. De estos, siete fueron con entidades del Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Actualmente, uno de esos contratos se encuentra vigente: fue firmado con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026 por un valor de 30 millones 457 mil pesos, con fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026. Dicho contrato corresponde a la prestación de servicios de apoyo a la gestión para consolidar informes de seguimiento a proyectos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
La denuncia presentada por el Instituto Anticorrupción busca determinar si existió una conexión entre la asignación de estos contratos y los presuntos encuentros personales con el entonces senador Gustavo Petro, así como identificar a todos los participantes en los hechos mencionados. Ahora serán las autoridades judiciales y legislativas las que deberán adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en este caso que continúa en desarrollo.
