Una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer, destapa una presunta red de corrupción que operaría al interior de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), empresa estatal vinculada al Ministerio de Minas y Energía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El documento señala directamente al ministro Edwin Palma, a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, y a la representante legal de Meprecol, María Isabel Carrillo, entre otros altos funcionarios, por su posible participación en una estructura ilegal dedicada a la compra, legalización y exportación de oro de origen ilícito, usando facturación, registros mineros y operaciones de exportación para darle apariencia de legalidad al mineral sin trazabilidad.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso la revista Semana, las operaciones bajo sospecha se remontan a enero de 2026, cuando Meprecol pasó a depender directamente del Ministerio de Minas, en línea con el anuncio del presidente Gustavo Petro en octubre de 2025 de instaurar un monopolio estatal de compra de oro para frenar la minería ilegal. El punto crítico del esquema, detalla el denunciante, se centra en un giro de 5.600 millones de pesos realizado el 28 de mayo de 2026 a la cooperativa Serintegroup como anticipo para la compra de oro. La alerta la encendió el revisor fiscal de Meprecol en un informe del 19 de junio de 2026, donde advirtió que, de los 5.600 millones, solo 4.000 millones contaban con facturas posteriores a la transferencia, mientras que 1.200 millones carecían de cualquier soporte documental hasta esa fecha.
Triangulación de fondos y efectivo sin trazabilidad
El mecanismo ilegal habría operado mediante una triangulación de fondos. Los anticipos girados a la cooperativa Serintegroup, creada presuntamente para comprar oro, eran luego transferidos a Spectre Consulting SAS, una empresa de infraestructura de pagos. La función de este tercero, según el revisor fiscal, consistiría en «monetizar» los recursos y entregar efectivo en territorio sin figurar como parte documentada de la operación. «De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta», señala el informe del 19 de junio de 2026. Este movimiento de efectivo, sin trazabilidad documental, permitiría la compra de oro en zonas de minería informal, donde operan organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita.
Marlon Díaz, quien afirma haber advertido de los hechos al presidente Gustavo Petro y a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, sin obtener respuesta directa, ha entregado a la Fiscalía «conversaciones, chats, audios, mensajes de voz y documentos» que evidenciarían exigencias económicas y pagos indebidos. El denunciante, que ha solicitado su inclusión en el programa de protección de testigos por amenazas y presiones, detalla que la red incluye a personas naturales como Mery Janneth Gutiérrez, asesora de la presidencia de la SAE, a la empresa CYJ Gutiérrez, y a las cooperativas Serintegroup y Coonekta, todas actuando como intermediarias para dar apariencia de legalidad al oro de origen ilícito.
«La función del tercero consistiría en ‘monetizar’ los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta»
Revisor fiscal de Meprecol, informe del 19 de junio de 2026
En su defensa, la representante legal de Meprecol, María Isabel Carrillo, sostuvo que «eso es para comprar oro. Los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que exportamos», y afirmó que «tenemos una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo». Por su parte, Mery Janneth Gutiérrez negó los señalamientos y afirmó que ha denunciado penalmente a Díaz por injuria y calumnia. El ministro Edwin Palma, consultado por Semana, remitió cualquier consulta sobre el caso a la propia empresa estatal Meprecol. Mientras tanto, la revisoría fiscal solicitó la legalización del resto de los recursos pendientes y advirtió sobre la posibilidad de realizar reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ante las señales de alerta identificadas en la operación, que ahora será objeto de investigación judicial.
