La Red de Veedurías de Colombia, liderada por su presidente Pablo Bustos Sánchez, presentó una nueva denuncia ante el procurador Gregorio Eljach Pacheco y el contralor Carlos Rodríguez por presuntas irregularidades en licitaciones de servicios de seguridad privada adjudicadas por el Sena, con un valor total superior a los 190.000 millones de pesos. Estas contrataciones, realizadas en regionales como Meta, Cundinamarca, Risaralda, Sucre y Valle del Cauca, habrían incluido pliegos con condiciones restrictivas que limitaron la participación a pocas empresas, resultando en procesos con único proponente y posibles direccionamientos.
La denuncia, revelada inicialmente el 16 de marzo y ampliada con pruebas documentales en un nuevo informe, destaca requisitos desproporcionados como títulos de posgrado, acreditaciones específicas y experiencia directiva exclusiva, diseñados aparentemente para restringir la competencia y favorecer adjudicaciones selectivas. En el caso del Sena Risaralda, el proceso se cerró el 19 de marzo, mientras que empresas interesadas ya han solicitado la revocatoria directa de estos contratos.
Contratos cuestionados en varias regionales
Entre los casos más notorios se encuentran las licitaciones del Sena Meta, donde se adjudicaron 3.000 millones de pesos a la Unión Temporal UT Alianza DI Seguridad, y las del Sena Valle del Cauca, otorgadas a la Unión Temporal KSC Alianza 09 junto con acumulados de Servigpoder que superan los 17.000 millones de pesos. Estos procesos, según la Red de Veedurías, vulneran principios administrativos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad y la responsabilidad, con antecedentes legales y sentencias que condenan omisiones de deberes y tratos diferenciados.
“En este caso se documentan respecto a la estructuración con respecto a recursos o requisitos técnicos, financieros y de experiencia desproporcionados y altamente específicos que excluyen la participación mayoritaria de otras empresas, afectando la libre concurrencia, la selección objetiva y los principios generales de la función y gestión públicas. En este caso concreto, se documentan los señalamientos frente al Sena Risaralda, Sena Meta y Sena Valle del Cauca, donde existirían, como señalamos, las exigencias injustificadas y desproporcionadas frente al servicio de vigilancia y seguridad privada, donde pocos concurrentes pudieron participar o mejor terminaron siendo con único proponente”
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia
La organización solicita una investigación disciplinaria y fiscal contra los funcionarios involucrados, la revocatoria de los procesos licitatorios y medidas para evitar la concentración de contratos en pocas manos. Este nuevo documento replica a nivel nacional la denuncia inicial y pone en evidencia patrones similares en otras entidades, subrayando la necesidad de transparentar la gestión pública en el Sena.
