El partido político MIRA presentó una denuncia formal ante el Concejo de Bogotá en la que señala más de veinte irregularidades graves en el servicio de alimentación de las Casas Refugio para mujeres víctimas de violencia de género, operado bajo el Contrato 994 de 2025 de la Secretaría Distrital de la Mujer. Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra documentaron, a partir de los registros de supervisión del Distrito, hallazgos que comprometen la seguridad alimentaria de las beneficiarias: desde alimentos vencidos y proteínas en bolsas rotas con manchas de sangre, hasta controles de temperatura sin diligenciar y proveedores con conceptos higiénico-sanitarios caducados. La denuncia, que no especifica una fecha exacta de presentación pero abarca varios periodos contractuales, se centra en las seis Casas Refugio que acogen a mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género, especialmente aquellas con alto riesgo de feminicidio, junto con sus núcleos familiares.
En los últimos cuatro años, estos espacios han recibido a 3.772 personas, de las cuales 1.760 son mujeres y 2.012 integran los núcleos familiares que las acompañan. Las Casas Refugio ofrecen alojamiento, alimentación, vestido, transporte, atención psicosocial, representación jurídica, apoyo educativo, valoración nutricional y acompañamiento para la reconstrucción del proyecto de vida. Sin embargo, según los concejales del MIRA, el servicio de alimentación presentó fallas reiteradas que no fueron corregidas de fondo, a pesar de los requerimientos de subsanación. Entre los hallazgos específicos se encontraron arepas vencidas en el área de suministros, proteínas almacenadas en refrigeración con bolsas rotas y manchas de sangre, alimentos mantenidos por más de un mes sin trazabilidad, porciones de muestra incompletas, espacios en blanco en los controles de temperatura, faltantes de insumos, rotulación ausente y proveedores con conceptos sanitarios vencidos. El servicio fue calificado en los informes de supervisión como “cumple con observaciones”, una categoría que, según los denunciantes, permitió que las mujeres y sus familias permanecieran semanas o meses bajo condiciones deficientes sin que se adoptaran medidas correctivas efectivas.
Denuncian que fallas no fueron corregidas pese a requerimientos reiterados
Los concejales Bedoya y Puentes no solo expusieron los hallazgos, sino que cuestionaron la actuación de la Secretaría Distrital de la Mujer. “¿Cómo es posible que una mujer que huye de la violencia llegue a un refugio del Distrito y encuentre comida vencida o sangre en los refrigeradores? La dignidad y la salud también se protegen desde el cuidado diario”, afirmó Samir Bedoya, quien puso el énfasis en la vulnerabilidad de las víctimas que buscan protección. Por su parte, Fabián Andrés Puentes Sierra exigió a la administración distrital “claridad sobre las medidas correctivas implementadas, el tiempo durante el cual persistieron las fallas y las garantías actuales de seguridad alimentaria para las mujeres atendidas”. La bancada del MIRA anunció que solicitará a la Secretaría Distrital de la Mujer un informe detallado que incluya las acciones de control ejercidas, el estado de los trámites sancionatorios y las garantías vigentes para que no se repitan este tipo de situaciones.
“¿Cómo es posible que una mujer que huye de la violencia llegue a un refugio del Distrito y encuentre comida vencida o sangre en los refrigeradores? La dignidad y la salud también se protegen desde el cuidado diario”.
Samir Bedoya Piraquive, concejal de Bogotá (MIRA)
El caso pone en evidencia las deficiencias en la supervisión de un contrato millonario destinado a la alimentación de una población que ya enfrenta condiciones extremas de vulnerabilidad. Los concejales advierten que detrás de cada irregularidad técnica hay una falla en el deber de cuidado del Estado hacia las mujeres que han denunciado violencia de género y riesgo de feminicidio. La denuncia ante el Concejo busca que se esclarezcan las responsabilidades y se adopten medidas inmediatas para garantizar que la alimentación en las Casas Refugio cumpla con los estándares mínimos de calidad e inocuidad. Mientras tanto, las 3.772 personas acogidas en los últimos cuatro años –y todas las que lleguen en el futuro– siguen dependiendo de que las instituciones cumplan su promesa de proteger no solo su vida, sino también su salud y su dignidad diaria.
