El fútbol del Meta está envuelto en una controversia que salpica la gestión del expresidente de la Liga, Camilo Rozo, luego de que Jorge «Guahibo» Hernández, exjugador de Llaneros y propietario del club La Tribu, denunciara una serie de presuntas irregularidades que habrían marcado los 11 años de mandato de Rozo. Entre las acusaciones más graves figuran el cobro de transferencias de menores, desafiliaciones arbitrarias y modificaciones estatutarias que, según Hernández, consolidaron un control opaco sobre la entidad rectora del balompié departamental.
Hernández, que hoy dirige una escuela de fútbol con 800 niños en ocho sedes de Villavicencio y varios municipios, atendiendo principalmente a poblaciones de estratos 1 y 2, detalló que durante el último año su club pagó más de 4 millones de pesos en concepto de transferencias de jugadores. Cada trámite costaba hasta 120.000 pesos por niño, un cobro que, según la normativa nacional, debería estar prohibido. “Le mostré la resolución del Ministerio del Deporte que lo impedía y me dijo que iba a seguir cobrando”, afirmó Hernández, quien asegura que su conversación con Rozo fue directa y que el expresidente ignoró la disposición ministerial de 2024 que dejaba sin efecto dichas tarifas entre clubes.
La situación se agravó cuando La Tribu fue desafiliado de la Liga bajo el argumento de que no contaba con reconocimiento deportivo. Hernández explicó que la falta de este requisito por apenas un día fue suficiente para que se aplicara la sanción, y que para recuperar la afiliación se exige ahora el pago de 35 millones de pesos, una cifra establecida en una modificación estatutaria reciente. “Cada club deja un día sin tener reconocimiento y pierde la afiliación, que vale ahora 35 millones aquí en el Meta”, señaló el denunciante, quien ya acreditó el reconocimiento ante el Ministerio del Deporte, pero no logró revertir la exclusión.
Un control de 11 años y asambleas a la medida
Las denuncias de Hernández no se limitan a los cobros. El exjugador cuestiona la permanencia de Rozo al frente de la Liga durante más de una década, cuando los estatutos originales establecían un máximo de dos períodos de cuatro años. “Él lleva once años, y los estatutos dicen que son dos períodos de cuatro años”, recordó. A esto se suma que la asamblea de diciembre y enero, que definió temas clave como la creación del cargo de gerente ejecutivo, no fue convocada por la junta directiva, sino que las firmas se recolectaron meses después. “Él toma las decisiones solo. Después de que las toma, los pone a firmar”, denunció Hernández, quien señaló que no fue invitado a esa reunión y que otros clubes tampoco asistieron por estar fuera de la ciudad.
El trasfondo de esta disputa es una resolución del Ministerio del Deporte que en 2024 no solo prohibió los cobros por transferencias, sino que dejó sin validez la asamblea que pretendía legitimar las modificaciones estatutarias, abriendo una pugna por el control de la entidad. Hernández asegura que los clubes han despertado tras ese fallo. “Los clubes ya se dieron cuenta de que se puede discutir, se puede defender lo que uno piensa y no tener miedo a que le quiten el club”, afirmó, en alusión al temor que durante años habría paralizado a los dirigentes locales. El dueño de La Tribu también anticipa que se avecina una nueva asamblea extraordinaria para definir el cargo de gerente, y advierte que seguirá explorando los aspectos financieros descubiertos. “Hemos descubierto unos temas ahí financieros. Vamos a mirar cómo atacamos eso y vamos a empezar a defender el fútbol”, concluyó.









