Denuncian contratos del Simit por más de $45.000 millones y afectación a conductores

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El abogado Ricardo Ruge Cabrera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos para la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones de Tránsito, el Simit. La denuncia señalaría a Fedemunicipios y a su director ejecutivo, Gilberto Toro Giraldo, junto con Enrique Alfonso López Pinilla, gerente de Dicitec, y Fabio Antonio Ríos Urrea, director ejecutivo de Masora, por posibles conductas como interés indebido en celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal. El caso afectaría a 7,5 millones de conductores en Colombia, de los cuales 6 millones estarían morosos o con embargos y 1,5 millones ya habrían pagado sus comparendos.

La denuncia detalla que las presuntas irregularidades se habrían cometido mediante contratación directa, convenios o contratos interadministrativos entre Fedemunicipios y Dicitec, una sociedad presentada como de economía mixta pero que no acreditaría los requisitos legales para esa condición. Se cuestiona además la subcontratación con Smart Cloud International Corporation S.A.S. Según la información recopilada, existen al menos seis contratos registrados en el Secop por 43.181 millones de pesos, que sumando un contrato de 2022 y servicios de alojamiento alcanzarían unos 45.821 millones de pesos. El detrimento patrimonial estimado ha ido en aumento: inicialmente se calculó en 98.000 millones de pesos, luego ascendió a 170.000 millones y tras una nueva revisión, el abogado Ruge sostiene que la cifra podría llegar a medio billón de pesos.

El conflicto de intereses y la estructura societaria

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el aparente conflicto de intereses de Gilberto Toro Giraldo, quien actúa como ordenador del gasto de Fedemunicipios y a la vez como representante accionista de Dicitec. La estructura societaria de Dicitec muestra que Masora posee el 50,1% de las acciones, Fedemunicipios el 5% y el resto está en manos de sociedades privadas. Se cuestiona si Masora contó con las autorizaciones necesarias para invertir recursos públicos y si la adquisición de acciones pertenecientes al municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca, se realizó de forma legal. Además, la denuncia pide revisar las certificaciones de experiencia emitidas a Dicitec que habrían sido utilizadas en contrataciones con el Senado de la República.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había ordenado a Fedemunicipios restituir 84.752 millones de pesos a los municipios y distritos, de los cuales 55.445 millones corresponden a excedentes operacionales y 29.307 millones a rendimientos financieros. El fallo establece que Fedemunicipios puede administrar el 10% de las multas para operar el sistema, pero no puede apropiarse de los excedentes.

«No todas las fotomultas impuestas en el país son ilegales, ni cualquier conductor puede reclamar automáticamente una devolución»

Ricardo Ruge Cabrera, abogado denunciante

«El detrimento patrimonial inicialmente fue estimado en 98.000 millones de pesos, luego ascendió a 170.000 millones de pesos y tras otra revisión que hicimos creemos que esta cifra puede alcanzar medio billón de pesos»

Ricardo Ruge Cabrera

La denuncia solicita revisar los comparendos de los 7,5 millones de conductores afectados, especialmente aquellos que ya pagaron y podrían haber sido objeto de cobros indebidos. Los promotores de la iniciativa han habilitado el portal SIMITDEVUÉLVEMELAPLATA.COM para reunir a los afectados, una plataforma respaldada por Conduapps y organizaciones de camioneros, motociclistas y transportadores. El caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, podría derivar en una investigación de gran alcance sobre el manejo de los recursos del Simit y la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

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