Una denuncia por presuntas irregularidades en un contrato de 184 millones de pesos para impartir seis clases de creole en la localidad de Kennedy tiene en el centro del debate a la administración del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, reveló que la Alcaldía Local de Kennedy suscribió el contrato 1238 de 2025 con la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago (Orfa) para dictar 24 horas lectivas repartidas en seis sesiones de cuatro horas cada una, dirigidas a dos grupos de 35 personas, es decir, 70 beneficiarios en total. La firma del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2025, una fecha que la cabildante calificó de inusual para el cierre de la vigencia fiscal.
El cuestionamiento central de Diago se basa en el desglose de los costos y en las sospechas sobre el proceso de selección del contratista. Según la información revelada por la concejal, las cotizaciones comparativas que deben justificar la elección de Orfa aparecen fechadas el 3 de octubre de 2025, pero los archivos digitales de la propuesta ganadora y de los demás oferentes fueron creados por el mismo autor a la medianoche del 23 y 24 de diciembre del mismo año. Esta coincidencia temporal, en horarios no laborales y con apenas una semana de diferencia entre una fecha y otra, es uno de los indicios que la cabildante puso sobre la mesa para solicitar una investigación.
Las cifras del contrato: almuerzos, refrigerios y una ceremonia millonaria
El contrato, que en total asciende a 184 millones de pesos, incluye partidas que han llamado la atención de la opinión pública. El costo por hora de clase alcanza los 7,7 millones de pesos, una cifra que la concejal considera desproporcionada. Pero el grueso del dinero no está en la enseñanza del creole —la lengua nativa de San Andrés y Providencia—, sino en rubros como la alimentación y los eventos de cierre. Se destinaron 70.000 pesos por persona para almuerzos y hasta 30.000 pesos para refrigerios compuestos por empanada, bebida y postre. Además, la ceremonia de clausura del curso, con una duración de dos horas, tiene un presupuesto de 39,9 millones de pesos. A esto se suma que el coordinador del proyecto recibirá 24 millones de pesos, una cifra superior al salario asignado a los dos profesores encargados de dictar las seis clases.
Otro dato que refuerza las sospechas de sobrecosto es la comparación con un contrato similar: en la Alcaldía Local de Teusaquillo, el mismo contratista, Orfa, cotizó un almuerzo raizal por 41.667 pesos, mientras que en Kennedy el mismo concepto se presupuestó en 70.000 pesos, lo que representa un incremento del 68%. La concejal Diago fue enfática al señalar que estos recursos pudieron haber sido invertidos en becas universitarias o en programas de apoyo real para la población raizal residente en Bogotá, en lugar de lo que calificó como un derroche.
«Alcalde Galán, ¿por qué se gastaron 184 millones en Kennedy para dar 6 clases de creole, la lengua de San Andrés, en un contrato firmado el 31 de diciembre? Esto es el colmo: seis clases de cuatro horas para dos grupos de 35 personas, y el resto del dinero lo derrochan en almuerzos de 70 mil, onces de 30 mil, una ceremonia de dos horas de 40 millones de pesos. ¿Por qué no invertir los 184 millones en becas universitarias?»
Diana Diago, concejal de Bogotá (Centro Democrático)
La cabildante también puso en duda la transparencia del proceso de contratación al preguntar por qué el archivo de la propuesta de Orfa y los archivos de las cotizaciones de los demás oferentes aparecen hechos por el mismo autor a la medianoche del 23 y 24 de diciembre, cuando las cotizaciones están fechadas al 3 de octubre. «Con tantas necesidades y corrupción que han padecido los sanandresanos, y ustedes, en vez de pensar en invertir los recursos en darle oportunidades reales a la población raizal, lo único que hacen es derrochar», expresó la concejal, quien además recordó que el aumento de impuestos a los bogotanos, impulsado por la reforma tributaria distrital, no se justifica si los recursos se utilizan de esta manera.
La denuncia deja abierta la pregunta sobre el destino de los recursos públicos en la localidad de Kennedy y la responsabilidad de la Alcaldía Local y del despacho del alcalde mayor. Hasta el momento, ni la administración de Carlos Fernando Galán ni la Alcaldía Local de Kennedy se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. La concejal Diago, mientras tanto, exige una explicación clara y una investigación que determine si hubo irregularidades en la contratación de estas seis clases de creole, un proyecto que, en teoría, buscaba promover la lengua y cultura del archipiélago, pero que, a la luz de las cifras, parece haberse convertido en un nuevo foco de controversia.
