El abogado Germán Calderón España radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra quienes resulten responsables por presuntas irregularidades en la compra y exportación estatal de oro a través de la comercializadora C.I. Meprecol S.A.S., luego de que una auditoría forense interna revelara falta de trazabilidad del metal y debilidades en los controles antilavado. La denuncia, presentada el pasado 20 de agosto de 2026, apunta a delitos de lavado de activos, prevaricato por acción y prevaricato por omisión contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Ministerio de Minas, derivados de la administración estatal de Meprecol. La auditoría forense fue entregada por el presidente Abelardo de la Espriella a la fiscal general Luz Adriana Camargo el martes 18 de agosto de 2026, como parte del denominado «libro de la verdad», un megapaquete que revela casos de presunta corrupción.
Las operaciones de Meprecol se concentraban en Medellín y Bogotá, mientras que la cooperativa Coonekta, allanada el 9 de septiembre de 2025 en Marmato, Caldas, fungía como principal proveedora del oro. La auditoría forense identificó que Meprecol no acreditó la trazabilidad del metal ni el recorrido del dinero público: el oro se compraba a Coonekta, que retiraba los recursos en efectivo, impidiendo identificar a los beneficiarios reales y el origen del mineral. El sistema Sagrilaft, diseñado para la prevención del lavado de activos, estaba desmantelado, según advirtió por escrito el oficial de cumplimiento Edwin Enrique Varón Carvajalino, quien alertó que no era posible reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Antecedentes y cifras del escándalo
Meprecol nació en 2006 en el departamento del Chocó, pero en 2017 la Fiscalía intervino la empresa por una red de lavado de activos que documentó 3,6 billones de pesos. El Estado asumió su administración por extinción de dominio, y en noviembre de 2025, por orden del expresidente Gustavo Petro, la comercializadora pasó de la SAE al Ministerio de Minas y Energía. La auditoría forense concluyó que el Estado no corrigió el modelo de negocio heredado de Meprecol, manteniendo vacíos en la cadena de compra, pagos y controles. Entre las cifras más reveladoras, se encontraron anticipos sin conciliación ni respaldo físico por cerca de 1.500 millones de pesos entregados a cooperativas, un patrimonio de la cooperativa allanada Coonekta de 12.000 millones de pesos, y el hallazgo de 270 millones de pesos en efectivo y 573 gramos de oro fino durante el allanamiento. Además, en noviembre de 2025, Meprecol transfirió a Coonekta, ya intervenida, 450 millones de pesos registrados como «intereses por mora» en la nota 22 de sus estados financieros, mientras que el exgerente Jorge Wilson García Dussán realizó pagos por cerca de 14.000 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2025.
«Antes de que estas empresas pasaran al Ministerio de Minas compraban oro ilegal»
María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol desde enero de 2026
Por su parte, Jorge Wilson García Dussán, exgerente de Meprecol durante la administración de la SAE, defendió la trazabilidad afirmando que «comenzaba desde el momento de la compra» y que cada operación se cargaba en el sistema María Minería, y que la SAE conocía las operaciones comerciales, incluidos los giros a Coonekta. Sin embargo, la auditoría forense evidenció que la cadena de compra, pagos y controles presentaba graves vacíos, lo que habría permitido la opacidad en el origen del oro.
Triangulación internacional y controles desmantelados
La denuncia también revela una triangulación en las exportaciones: el empresario belga Laurent Charles Duplat controlaba tanto la firma exportadora 7947 Industry, con sede en Medellín, como las compradoras Condor Partners en Londres y Global Metals Industry en Miami. La sede de Global Metals Industry en la dirección 1200 Brickell Avenue, Suite 800, en Miami, resultó ser una oficina virtual de coworking, no una empresa de oro con bodegas. Este hallazgo pone en duda la legitimidad de las operaciones internacionales de Meprecol y afecta la credibilidad del negocio estatal de oro colombiano, al punto que la firma Dillon Gage suspendió compras del metal colombiano.
La actual representante legal de Meprecol, María Isabel Carrillo, sostiene que ahora la empresa verifica el origen del oro «con cédula y huella del barequero o minero ancestral asociado a cada cooperativa». No obstante, la denuncia de Germán Calderón España busca esclarecer si hubo negligencia o conducta penal en la administración estatal de la empresa, lo que podría tener profundas implicaciones en la transparencia del comercio de oro colombiano y en la confianza de los mercados internacionales.
