En una denuncia que ha encendido las alarmas a solo días de la transición presidencial en Colombia, el sindicato Analtraseg reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizó una contratación masiva de más de 200 personas sin cumplir con los filtros de seguridad y formación que exige la ley, en lo que consideran un intento por obstruir la gestión del gobierno entrante.
Giovanni Gallo, director de Analtraseg, sindicato que agrupa a escoltas de la UNP y trabajadores de seguridad privada, denunció a Infobae Colombia que estas contrataciones se están realizando bajo la figura de urgencia manifiesta, sin que los nuevos empleados hayan pasado por pruebas obligatorias como el polígrafo, el examen de polígono, la prueba física, el estudio documental, la visita domiciliaria ni el estudio de seguridad. Según Gallo, la situación es tan crítica que en la UNP no hay poligrafista disponible ni munición para realizar las pruebas de tiro, lo que calificó como «raro».
Una estrategia para «tapar la puerta» al nuevo gobierno
La denuncia se produce en el marco de la salida del presidente Gustavo Petro y la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto. Los nombramientos comenzarían el martes 3 de agosto, y según Gallo, el ingreso acelerado de personal busca «legalizar hojas de vida» de personas sin experiencia para «taparle la puerta al otro gobierno cuando llegue». El dirigente sindical fue contundente al afirmar que están metiendo a «exconductores, albañiles y personas con antecedentes laborales cuestionables», y advirtió que esta gente no sabe de ser escolta, una profesión que, según él, «se respeta y hay que formarse».
«¿Qué tal este señor? Faltando tres días metiendo 200 personas. Están legalizando gente que ni siquiera tiene experiencia para taparle la puerta al otro gobierno cuando llegue. Ni siquiera le han hecho estudios de seguridad, ni polígrafo, que es obligatorio, ni polígono, nada»
Giovanni Gallo, director de Analtraseg
Esta contratación masiva ocurre en un contexto de aumento de la planta de la UNP, luego de que el Decreto 20 de 2026 autorizara la creación de 6.800 cargos, de los cuales 800 son administrativos. Sin embargo, la Contraloría General de la República ya había alertado al gobierno saliente sobre el incremento acelerado de contrataciones tras el levantamiento de restricciones de la Ley de Garantías, advirtiendo que en cuatro semanas se comprometieron más de 4,5 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de 2026.
Alarmas desde el empalme y vigilancia de entes de control
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que el equipo de empalme ya detectó contrataciones por «varios billones de pesos» y solicitó vigilancia preventiva a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Lara fue enfático al señalar que se requiere un control sobre estas actuaciones, que según el sindicato, podrían comprometer no solo los recursos públicos sino también la seguridad de los protegidos y del gobierno entrante.
El sindicato Analtraseg anticipó que verificará si los nuevos empleados cumplen con el pago de parafiscales y si han ejercido efectivamente la profesión de escolta, y anunció que solicitará la revisión de las hojas de vida ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La denuncia deja en evidencia una presunta maniobra de contratación masiva que, según Gallo, carece de los más mínimos estándares de seguridad y podría poner en riesgo la integridad de las personas protegidas por la UNP en plena transición de poder.
«Esta es la gente que va a laborar. Sabrán de guerrilla, sabrán de insurgencia, sabrán de otras cosas, menos de ser escolta, porque esta es una profesión que se respeta, hay que formarse»
Giovanni Gallo, director de Analtraseg
