La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, rechazó categóricamente la denuncia penal interpuesta en su contra por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional, al supuestamente incentivar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia. La acusación, radicada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, también involucra a la representante Lina Garrido y al senador Jota P. Hernández, entre otros nombres como Lina María Garrido, Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández. Los denunciantes son el ministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes presentaron la queja días después del bombardeo de Estados Unidos a bases militares en Venezuela.
La denuncia surge en un contexto de alta tensión internacional, tras la advertencia del expresidente Donald Trump sobre posibles acciones armadas contra el narcotráfico en Colombia, y el reciente operativo estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por presuntos nexos con el narcotráfico. Según los denunciantes, las declaraciones públicas y en redes sociales de los congresistas del Centro Democrático, donde recurrían a Estados Unidos para pedir injerencia, violan el artículo 455 del Código Penal colombiano sobre menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria. Idárraga enfatizó que esta acción rompe la inviolabilidad parlamentaria, ya que no guarda nexo con las funciones congresionales, y que la investidura no avala pedidos de intervenciones extranjeras. En cada denuncia se mencionan tres congresistas principales como responsables.
Rechazo rotundo de la senadora Cabal
María Fernanda Cabal defendió su posición argumentando que no existe delito de opinión y que se trata de un nuevo intento del gobierno del presidente Gustavo Petro por silenciar a la oposición mediante el aparato judicial. Las declaraciones de los implicados se dieron en cuentas de X y espacios públicos, donde Cabal alertó que ninguna crítica o propuesta disidente puede ser tratada como delito, advirtiendo que hoy son tres congresistas y mañana podría ser cualquiera que alce la voz.
«No existe el delito de opinión. Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno Petro de silenciar a la oposición a través del aparato judicial».
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático
«Denuncia radicada y sin titubeos. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó denuncia penal contra la Representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal por el presunto delito de Menoscabo de la Integridad Nacional».
Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado
Por su parte, Antonio Sanguino reforzó la posición gubernamental con un mensaje contundente en redes sociales, mientras Idárraga subrayó la defensa del Estado de Derecho y la autodeterminación nacional como principios innegociables. Este episodio polariza aún más el escenario político colombiano, en medio de las repercusiones del conflicto regional y las tensiones con Washington por el manejo del narcotráfico.
«¡La patria no se vende!»
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
«El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable».
Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado
La Corte Suprema de Justicia será la encargada de evaluar las pruebas y determinar si procede la investigación, en un caso que pone a prueba los límites de la libertad de expresión en el Congreso y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
