La Red de Veedurías de Colombia, liderada por su presidente Pablo Bustos Sánchez, radicó recientemente una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República contra el director del Sena, Jorge Londoño, la secretaria general Katerine Grimaldos Cárdenas y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en licitaciones de contratos de seguridad privada que superan los 190.000 millones de pesos. Estas adjudicaciones, concentradas en las regionales del Sena en Meta, Cundinamarca, Risaralda y Sucre, así como en municipios como Tocancipá, Cajicá, Chía, Tenjo, Cota y Mosquera, habrían sido diseñadas con pliegos sastre que restringen la competencia y favorecen repetidamente a un puñado de empresas.
Los contratos en cuestión suman más de 190.000 millones de pesos, con cifras específicas que incluyen 33.305 millones en la regional Sena Meta, 38.860 millones en Cundinamarca, 41.174 millones en Risaralda y 48.019 millones en Sucre, totalizando más de 161.000 millones solo en estas cuatro regionales. En varios procesos, solo un proponente cumplió los requisitos, lo que evidencia un patrón de adjudicaciones directas a empresas como Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda., generando sospechas de favoritismo y posible cartelización.
Requisitos excesivamente restrictivos
Los pliegos de condiciones incorporan exigencias desproporcionadas, como que el director de operaciones sea un oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o la Policía con título en ciencias militares, posgrado en gerencia de recursos humanos y al menos 15 años de experiencia directiva. Para coordinadores y supervisores, se demandan formación técnica, diplomados en alta dirección, mínimo cinco años de experiencia, permisos de espectro radioeléctrico, licencias en seguridad y salud en el trabajo, además de formación como poligrafista o auditor antisoborno, junto con certificaciones ISO y acreditaciones ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Estos criterios, replicados de procesos en la Alcaldía de Barrancabermeja, la Alcaldía de Cartagena, la Alcaldía de Chía y un caso similar en la Universidad Nacional donde un contrato de 98.000 millones quedó desierto, limitan drásticamente la participación de oferentes.
“Los procesos de seguridad privada del Sena por más de $190.000 millones se han venido desarrollando con pliegos sastre, requisitos que solo cumple un oferente y audiencias en donde no asiste ni el ordenador del gasto”
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia
La denuncia, conocida por Infobae Colombia, busca que las entidades de control investiguen la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los involucrados, advirtiendo un grave impacto en la moralidad pública y el patrimonio colectivo. La Red de Veedurías ofrece colaboración con información adicional y alerta sobre un patrón similar en otras entidades públicas, instando a una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia en el manejo de estos recursos estatales.
