La periodista Paula Andrea Granados, quien trabajó en Red+ Noticias hasta diciembre de 2025, denunció que el director del informativo, Giovanni Celis Sarmiento, ordenó eliminar las imágenes exclusivas que mostraban el momento exacto en que el estudiante Dilan Cruz recibió el disparo durante las protestas de 2019. La denuncia, difundida a través de su cuenta de Instagram, revela una presunta cadena de censura que incluyó instrucciones para que la periodista que cubría los hechos calificara a Dilan como un vándalo en su transmisión en vivo.
Según el testimonio de Granados, la orden se produjo el mismo 23 de noviembre de 2019, día en que el joven de 18 años fue herido de muerte en una manifestación en Bogotá. El camarógrafo John Niño, quien grabó la escena, confirmó a Revista Raya que el director le indicó al personal de archivo que borrara el material. “Él (Dilan) está solo porque ya todo el mundo estaba aquí replegado, tira el gas, lo devuelve y cuando él se devuelve es que veo que un policía llega y… por la espalda”, relató Niño en la entrevista, reproduciendo el sonido del disparo. Un año después, cuando otro reportero propuso reconstruir el minuto a minuto de los hechos, la respuesta de Celis Sarmiento fue contundente: “Hermano, no. Haga de cuenta que ese material nunca existió en este canal”.
La denuncia de Paula Andrea Granados se suma a una investigación más amplia de Revista Raya que documenta presuntos casos de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual al interior de Red+ Noticias, el informativo de Claro Colombia. En su relato, la periodista detalló que el lunes siguiente al asesinato, cuando todos llegaron a la redacción, encontraron que el director ya había tomado la decisión de eliminar las pruebas. “A los dos días del asesinato de Dilan Cruz, el lunes todos llegamos a la redacción y quedamos sorprendidos por la decisión que había tomado nuestro director Giovanni Celis. Él, el mismo día del disparo a Dilan, le dio la orden a la periodista que cubrió esa manifestación, que tenía que decir en su directo que Dilan era un vándalo. Pero además dio la orden al personal de archivo de borrar todo el material exclusivo que había grabado el camarógrafo John Niño”, afirmó Granados.
El peso de una orden que buscó silenciar la evidencia
La instrucción de calificar a la víctima como vándalo fue confirmada por una fuente consultada por Revista Raya, quien señaló que a la periodista en el lugar se le dijo “que no podía salir con eso al aire, que lo único que tenía que decir era que en hechos confusos había resultado herido un vándalo, fue la palabra que utilizó”. El caso de Dilan Cruz, cuyo fallecimiento se convirtió en un punto de inflexión durante las protestas sociales de 2019 en Colombia, ha tenido múltiples aristas jurídicas. En noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación confirmó una multa de 14 millones de pesos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez por el disparo, aunque la concejala de Bogotá Heidy Sánchez cuestionó que se calificara el hecho como “grave” y no como “gravísimo”.
El 26 de marzo de 2026, la Procuraduría dio un giro trascendental al anular el fallo disciplinario previo y ordenar reiniciar el proceso, juzgando el caso como una grave violación de derechos humanos. Daniela Rodríguez, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, destacó que la decisión “reconoce que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser excepcional, proporcional y, sobre todo, estrictamente necesario”. Paralelamente, en febrero de 2024, un informe de la organización Forensic Architecture de la Universidad de Londres reconstruyó digitalmente el disparo y concluyó que el uniformado apuntó directamente al estudiante, contradiciendo la versión inicial de la Fiscalía.
La familia de Dilan Cruz y diversas organizaciones de derechos humanos han insistido en las inconsistencias de la investigación inicial y en la necesidad de esclarecer todos los hechos. La denuncia de la periodista Granados, respaldada por el testimonio del camarógrafo John Niño, ahora pone bajo la mira no solo la actuación de la fuerza pública, sino también la presunta censura mediática ordenada desde la dirección de Red+ Noticias para ocultar la evidencia que mostraba el momento exacto en que un joven de 18 años recibió un disparo por la espalda.
