El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció que el Gobierno de Gustavo Petro busca modificar los requisitos del Manual Específico de Funciones de la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional (Casur) para nombrar como director general al coronel retirado José Gotardo Pérez Soto, de 82 años, quien no acreditaría la formación de posgrado exigida y supera ampliamente el límite de retiro forzoso. La denuncia, presentada a casi tres semanas del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto de 2026, señala que el Ministerio de Defensa promueve estas actuaciones pese a las advertencias de la propia jefatura de personal de Casur y a un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que recuerda que cualquier modificación debe respetar los principios de transparencia, igualdad y legalidad.
No es la primera vez que se intenta este nombramiento. En enero de 2026, Pérez Soto fue postulado a la dirección, pero el entonces director de Casur, Álvaro Antonio Arenas Muñoz, envió un concepto a Función Pública alegando que el coronel retirado no cumplía con los requisitos académicos y de experiencia. La entidad respondió que el manual de funciones puede ajustarse para armonizarlo con el Decreto 1070 de 2015, siempre que la modificación esté debidamente motivada. En abril de ese mismo año, Arenas salió del cargo y el nombramiento no se efectuó. Ahora, según Uscátegui, el Ministerio de Defensa ha retomado las gestiones para facilitar la designación, lo que el concejal califica como un “posible pago de favores políticos”, al recordar que Pérez Soto actuó como agente oficioso en la tutela de 2014 que suspendió provisionalmente la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Una designación envuelta en polémica
El coronel retirado Pérez Soto, consultado sobre la nueva denuncia, negó tener conocimiento de la misma y aseguró que actualmente no está nominado. “Eso sí fue cierto, desde enero, pero debido algunos inconvenientes personales, decliné el nombramiento”, afirmó, y agregó: “Si hubiera sido verdad, tampoco habría recibido, ya que el 7 de agosto debía presentar la renuncia por la llegada del nuevo Gobierno”. Sin embargo, Uscátegui insiste en que el intento es real y que ya remitió la denuncia a la Procuraduría General de la Nación con pruebas. “Es inaceptable que, cuando faltan apenas 20 días para terminar este Gobierno, se pretenda cambiar las reglas de juego para dejar atornillado a un aliado político en una entidad que administra los recursos de retiro de miles de policías. Casur no puede convertirse en un fortín burocrático ni en el escenario para pagar favores políticos. Los héroes de Colombia merecen respeto, transparencia y una administración técnica e independiente de los intereses del Gobierno saliente”, declaró el concejal.
«Es inaceptable que, cuando faltan apenas 20 días para terminar este Gobierno, se pretenda cambiar las reglas de juego para dejar atornillado a un aliado político en una entidad que administra los recursos de retiro de miles de policías. Casur no puede convertirse en un fortín burocrático ni en el escenario para pagar favores políticos. Los héroes de Colombia merecen respeto, transparencia y una administración técnica e independiente de los intereses del Gobierno saliente.»
Julián Uscátegui, concejal de Bogotá
El contexto de la entidad también ha sido agitado en los últimos meses. Mediante el Decreto 0629 del 19 de junio de 2026, la teniente coronel Mónica Adriana Parra Santamaría, quien había asumido la dirección en abril de 2026, fue reemplazada por encargo por el mayor Rubén Darío Murcia Domínguez. Uscátegui pidió a la Procuraduría actuar con celeridad para garantizar que los nombramientos en Casur no respondan a intereses particulares o compromisos políticos del Gobierno saliente, en medio de la transición de poder que se avecina.
