Denuncian que Hollman Morris pagó $820 millones a firma de familia Montealegre para perseguir críticos

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El representante a la Cámara Daniel Briceño denunció este viernes que el entonces gerente de RTVC, Hollman Morris, utilizó recursos públicos del Sistema de Medios Públicos para contratar a la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., vinculada a la familia del exministro de Justicia Eduardo Montealegre, con el objetivo de emprender acciones judiciales contra críticos de su gestión. Según la denuncia del congresista, Morris habría pagado con dineros de la entidad para que la firma presentara querellas y denuncias contra quienes cuestionaban su administración al frente del medio, lo que incluye una querella por injuria y calumnia contra el periodista Santiago Ángel Rodríguez y una denuncia contra el propio Briceño.

La controversia se desató luego de que Santiago Ángel publicara en el diario La República, el pasado 15 de noviembre de 2025, una columna titulada de manera explosiva “Revuélquele toda la vida a ese malparido”, en la que, según Morris, se establecían vínculos entre la dirección de RTVC y supuestos hechos de persecución, acoso y actividades delictivas, además de describir al medio como un “portavoz ideológico del Gobierno” con un clima de acoso laboral. Molesto por la publicación, Morris presentó una querella contra el periodista por injuria y calumnia indirectas agravadas, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a Ángel por usar testimonios de fuentes en reserva y por referirse a una reunión ocurrida en las instalaciones de RTVC. La querella fue interpuesta cuando Morris aún se desempeñaba como gerente de la entidad, antes de su reciente salida.

Conexión con firma vinculada al exministro Montealegre

El representante Briceño, quien ha sido un crítico persistente de la gestión de Morris al frente de RTVC, divulgó los documentos de la denuncia en su contra y reveló que la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S. fue la encargada de representar jurídicamente a Morris y a la entidad en estas acciones legales. Según la denuncia del congresista, esta empresa, creada en 2011 pero que solo comenzó a contratar con el Estado en 2023, acumuló contratos con RTVC por cerca de 820 millones de pesos desde ese año, con pagos mensuales que rondan los 40 millones de pesos y una proyección adicional de casi 500 millones de pesos. En total, la firma ha obtenido más de 1.700 millones de pesos en contratos con entidades estatales, incluyendo también a Positiva y al Icfes.

El vínculo familiar de la firma es particularmente sensible: Eduardo Montealegre, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro, figuró como socio de la empresa hasta que asumió el cargo, momento en que dejó de aparecer como tal. Sin embargo, el pasado 5 de junio, sus acciones fueron cedidas a su esposa, Tania Marcela Hernández, quien ahora figura como socia de la firma. Un día después, el 12 de junio, la empresa radicó una factura ante RTVC por sus servicios. Briceño señaló directamente que “esta es la denuncia que con plata de RTVC le pagó Hollman Morris a la empresa familiar de Eduardo Montealegre pidiendo me investigaran por decir que RTVC era un medio de propaganda en donde se presionaban contratistas”.

«Esta es la denuncia que con plata de Rtvc le pagó Hollman Morris a la empresa familiar de Eduardo Montealegre pidiendo me investigaran por decir que Rtvc era un medio de propaganda en donde se presionaban contratistas»

Daniel Briceño, Representante a la Cámara

El escándalo pone de nuevo en el centro de la polémica a Hollman Morris, quien ha sido cuestionado ampliamente por su gestión al frente de RTVC, acusado por sectores de la oposición de haber convertido el Sistema de Medios Públicos en un altavoz del Gobierno Nacional y de haber implementado prácticas de persecución y acoso laboral contra los empleados que criticaban su dirección. La denuncia de Briceño, que ya cursa en la Fiscalía General de la Nación, añade ahora el uso de recursos públicos para perseguir judicialmente a los críticos de su gestión, un hecho que pone en tela de juicio la independencia y la transparencia de la entidad que administra la señal pública de televisión y radio en Colombia.

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