La Veintitrés Manizales reporta una denuncia contundente por parte del Colectivo Justicia Racial acerca de la presunta retención ilegal de un menor de edad por parte del Estado colombiano. Según la organización, el menor identificado por las iniciales L.C.A.V. fue capturado durante una operación militar entre Puerto Santander y Mirití-Paraná y permanece retenido desde el 1 de octubre de 2025; su paradero y estado de salud son desconocidos y no estaría bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF.
La denuncia, presentada por el Colectivo Justicia Racial en representación de la familia Vilches y del menor, está encabezada por Alí Bantú Ashanti, CEO del colectivo y candidato al Senado por el Pacto Histórico. En el comunicado, la organización subraya que la retención se produce en un contexto de acciones que requieren respuesta y tutela inmediatas, y señala que, a la fecha, no se ha puesto al menor a disposición del ICBF, incumpliendo la protección consagrada por la ley para la infancia. La denuncia también alude a intervenciones de Naciones Unidas en territorios rurales vinculadas a familias de menores víctimas de bombardeos y a la presión para obtener información sobre los menores sobrevivientes.
Subtítulo
Desarrollo con información específica: la captura se registró el 1 de octubre de 2025 durante una operación militar entre Puerto Santander y Mirití-Paraná; el menor queda identificado por las iniciales L.C.A.V. y, según la denuncia, su estado de salud y ubicación siguen siendo desconocidos. El documento subraya que el menor no habría sido puesto bajo la protección del ICBF, lo que la organización considera una violación de los protocolos de protección de la infancia y de las garantías legales.
«La organización se ve en la obligación de sacar este comunicado porque hay menores heridos y retenidos por la Fuerza Pública» – Alí Bantú Ashanti, CEO del Colectivo Justicia Racial y candidato al Senado por el Pacto Histórico
El impacto de la denuncia se enmarca en un contexto de revictimización para las familias, que expresan miedo y duelo ante la pérdida de otros menores, y que exigen al Estado transparencia y la protección inmediata del menor superviviente. Se mencionan también presiones y vigilia internacional, con intervenciones de Naciones Unidas en áreas rurales y la necesidad de respuestas claras sobre el estado y la ubicación del menor. En La Veintitrés Manizales seguiremos informando sobre este caso y las respuestas de las autoridades correspondientes.
