Una millonaria inversión pública destinada a fortalecer la capacidad técnica de los medios públicos del país terminó convertida en un elefante blanco de más de once mil millones de pesos, según la propia denuncia presentada por Inravisión, hoy Sistema de Medios Públicos de Colombia. En un comunicado oficial, la entidad reveló presuntos sobrecostos superiores a los dos mil millones de pesos en la compra de una unidad móvil de televisión que, pese a haber sido adquirida por 11.924 millones de pesos mediante el contrato 2899 de 2025, firmado el 16 de diciembre de ese año, permanece completamente inoperativa por carecer de un componente esencial: la planta eléctrica que debe alimentar sus equipos y permitir su funcionamiento en exteriores.
El vehículo, que debía convertirse en una herramienta clave para las transmisiones broadcast del sistema público, está estacionado sin poder prestar servicio alguno. La anomalía no se limita a la falta de la fuente autónoma de energía. Ingenieros y técnicos de la propia Inravisión identificaron que el costo de los equipos audiovisuales incluidos en el contrato asciende a cerca de 9.000 millones de pesos, mientras que sus estudios internos estiman que el valor real de esos mismos equipos ronda los 7.000 millones, lo que configura un presunto sobrecosto de al menos 2.000 millones de pesos. A esto se suman deficiencias técnicas concretas: las cámaras cuentan con ópticas de baja calidad que no corresponden a una unidad profesional, la consola de sonido apenas cumple con las condiciones mínimas exigibles, y el dron incluido en el paquete es de tipo cartográfico, no apto para transmisiones broadcast.
Las alarmas en el proceso de contratación
La denuncia de Inravisión no solo señala los sobrecostos y las falencias técnicas, sino que también pone en duda la transparencia del proceso de selección. Según el comunicado oficial, desde la etapa de planeación se establecieron requisitos que apuntaban a un único oferente, lo que habría generado el retiro de la mayoría de los posibles proponentes. Adicionalmente, dos empresas que participaron por separado en el estudio previo del mercado se unieron posteriormente para conformar la unión temporal que finalmente se adjudicó el contrato. La entidad califica esta secuencia como una señal de alerta que podría configurar un escenario de coordinación indebida o colusión.
El misterio alrededor de la contratación se profundiza con el rol de un ingeniero que inicialmente ejecutó el contrato como contratista y luego pasó a ocupar el cargo de coordinador de Gestión Técnica de Señales dentro de Inravisión. Su vínculo laboral se mantuvo durante cuatro meses, justo hasta que la unidad móvil fue recibida, y luego culminó. La entidad subraya que esta secuencia genera interrogantes sobre la continuidad, trazabilidad y responsabilidad técnica de las decisiones adoptadas. “Sin prejuzgar sobre responsabilidades, esta secuencia constituye una seria señal de alerta: podría eventualmente configurar un escenario de coordinación indebida o colusión, pues quienes contribuyeron a establecer el referente de precios terminaron actuando como un solo proponente. Corresponde a las autoridades competentes determinar si existió un acuerdo restrictivo de la competencia”, señala el comunicado de Inravisión.
“Una unidad móvil de televisión necesita una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos y operar en los lugares donde se realizan las transmisiones. Sin ese componente esencial, no puede encenderse, no puede prestar el servicio y tampoco puede atender coberturas fuera de las instalaciones de RTVC – Sistema de Medios Públicos”
Inravisión, comunicado oficial
La entidad también enfatiza que las herramientas ausentes o deficientes no son accesorios menores. “Estos elementos no son accesorios: son herramientas centrales para producir y transmitir contenidos con la calidad que justificó la inversión. Sin ellas, la unidad está técnicamente incompleta”, afirma el comunicado. Frente a la gravedad de los hallazgos, Inravisión ya trasladó toda la documentación a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes. La unidad móvil, que debía ser un símbolo de modernización de los medios públicos, se ha convertido en un costoso recordatorio de las fallas en la planeación, la supervisión y posiblemente en la probidad administrativa durante el gobierno de Gustavo Petro.
