Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una colombiana de 21 años con ocho meses de embarazo, fue deportada de Estados Unidos hacia Colombia el miércoles 21 de enero, a pesar de haber solicitado asilo y de una posterior orden judicial que suspendía su expulsión. La joven viajó en noviembre pasado junto a su madre y hermanos hasta la frontera de Texas, huyendo de persecución y violencia tras el asesinato de su padre, pero mientras su madre aprobó una entrevista de miedo creíble y fue liberada, Buitrago Ortiz fue retenida en un centro de detención en Louisiana, incluso ante dolores abdominales y riesgos médicos que alegó.
Las autoridades estadounidenses la acusaron de presunta vinculación con el Tren de Aragua, una organización criminal, lo que llevó al rechazo de su solicitud de asilo tras agotar el proceso legal. Su defensa presentó un habeas corpus y una demanda federal por atención médica inadecuada y los peligros de un traslado aéreo en sus últimas semanas de embarazo, pero fue trasladada en un vuelo comercial vía Atlanta, en Georgia, después de exámenes médicos que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no presentaban impedimentos. El Departamento de Seguridad de Inmigración y Aduanas (ICE) afirmó que concedió una salida voluntaria y que todos los protocolos fueron cumplidos.
Orden judicial emitida tras la deportación
Minutos después de su deportación, la jueza de distrito Sarah E. Geraghty emitió una orden que prohibía la expulsión de Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026, en caso de que aún permaneciera en territorio estadounidense. La magistrada estableció claramente esta suspensión en respuesta a la demanda presentada por su equipo legal.
“Si la peticionaria aún no ha salido de Estados Unidos, se prohíbe a los demandados deportar a Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026”
Sarah E. Geraghty, jueza de distrito
Respuesta oficial del DHS
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, defendió la acción argumentando que la política de ICE requiere exámenes médicos para toda persona programada para deportación, y que Buitrago Ortiz no fue la excepción al abordar exitosamente su vuelo.
“La política de ICE exige que toda persona programada para ser deportada sea sometida a un examen médico. Ortiz no fue la excepción y abordó con éxito su vuelo de deportación”
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos, DHS
Preocupación por la salud de la joven y su bebé
Anthony Enriquez, abogado del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy que representa a Buitrago Ortiz, rechazó las acusaciones de pertenencia al Tren de Aragua por falta de pruebas y enfatizó que lo prioritario ahora es la salud de la joven y su bebé. Su madre llegó a Colombia la noche del 21 de enero, mientras la defensa niega cualquier antecedente ilegal y trabaja para asegurar el bienestar de la deportada.
“Ahora lo más importante es la salud de Daniela y su bebé, y estamos trabajando para asegurar que ella esté bien de salud y que su bebé esté seguro en este momento”
Anthony Enriquez, abogado del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy
Este caso resalta las tensiones en las políticas migratorias estadounidenses hacia solicitantes de asilo en condiciones vulnerables, especialmente en medio de alegatos de vínculos criminales sin evidencia pública detallada por parte de las autoridades.
