El deslizamiento en la mina Las Cruces, situada en el sector Mesa de Pole, Ataco, Tolima, durante la madrugada del sábado 15 de noviembre de 2025 dejó cinco personas fallecidas y dos heridas, y las autoridades señalan que el derrumbe pudo haberse producido por el mal uso de una retroexcavadora en una zona de explotación presuntamente ilegal. El hecho, que ha movilizado a los cuerpos de emergencia y a la gobernación, se produce en un contexto de creciente preocupación por la minería clandestina en la región y ha reactivado el debate sobre las medidas necesarias para evitar nuevas tragedias y proteger a las comunidades cercanas.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, informó que las primeras hipótesis apuntan a que el colapso ocurrió durante el retiro de material con una retroexcavadora en una zona de explotación no autorizada, dejando cinco muertos y dos personas heridas. También detalló que, en la respuesta a la emergencia, trabajaron de forma coordinada el Mayor Luis Fernando Vélez, Director de la Defensa Civil Tolima, junto con personal de la Alcaldía y la Gobernación, quienes desplazaron tres ambulancias y dos camionetas al lugar para atender a los afectados y resguardar la zona. En paralelo, Matiz Vargas subrayó la continuidad de la campaña contra la minería ilegal, en la que la Gobernación ha distribuido alrededor de 1.500 volantes en Ataco para advertir sobre los riesgos de estas actividades y fomentar la acción comunitaria para prevenir este tipo de incidentes. Este diario registra además el contexto de campañas previas y la presencia de operaciones mineras clandestinas en la región, que han sido objeto de atención institucional en los últimos meses.
La campaña contra la minería ilegal y el peso de la realidad local
En la investigación inicial, se señala que el incidente podría haber sido favorecido por la extracción con maquinaria en una zona supuestamente ilegal, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades para implementar controles más estrictos y programas de seguridad para quienes trabajan en estas áreas. La autoridad local recuerda que Ataco ya había vivido situaciones similares y que, en 2025, la región acumula seis fallecidos por accidentes mineros, una cifra que ha generado llamados a soluciones estructurales que vayan más allá de la respuesta de emergencia. Además, se cita un hecho previo: el 8 de agosto, en la vereda Anape, se registró un fallecimiento por explotación ilegal, lo que refuerza la necesidad de una acción coordinada entre las autoridades y la comunidad para desincentivar estas prácticas.
«En Ataco, por la explotación ilegal, al parecer por el mal uso de una de estas máquinas, se produjo un derrumbe que ya deja cinco personas fallecidas» – Adriana Magali Matiz Vargas, Gobernadora del Tolima
«Venimos haciendo una campaña muy fuerte contra la minería ilegal y hace pocos días lanzamos más de 1.500 volantes en Ataco advirtiendo que esta actividad solo trae destrucción y muerte, y hoy lo estamos viviendo. Es lamentable» – Adriana Magali Matiz Vargas, Gobernadora del Tolima
«Quiero hacer un llamado a la comunidad y enviar un mensaje de profundo acompañamiento a quienes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos. Esta tragedia nos duele a todos» – Adriana Magali Matiz Vargas, Gobernadora del Tolima
«Las autoridades hacen como si no vieran, o se la montan a gente que no es la que compra esas máquinas porque eso es caro… se la montan al que por necesidad se va allá a trabajar» – Habitante del municipio (El Cronista.co)
«¿A usted de qué le sirve que le pasen un volante y le digan que eso es peligroso? La gente ya sabe que es peligroso y aun así va, y hasta se enfrentan con la autoridad para evitar que cierren eso, pero todo es por necesidad» – Habitante ambiental local (anónimo)
La respuesta de emergencia en el lugar fue acelerada por equipos de la Alcaldía, con tres ambulancias y dos camionetas, y por personal de la Gobernación que se desplazó a la zona para apoyar las labores de rescate, atención médica y control de la escena. En el contexto de las campañas de comunicación emprendidas para disuadir la minería ilegal, las autoridades reiteraron que estas actividades no solo son peligrosas para quienes trabajan en ellas, sino que también impactan de forma devastadora a las comunidades cercanas cuando ocurren incidentes como el registrado en Las Cruces.
Analistas y residentes de Ataco coinciden en que la persistencia de operaciones mineras clandestinas exige medidas más profundas, que involucren controles efectivos, mayor supervisión y programas de desarrollo alternativo para las personas que dependen de estas actividades para subsistir. Las autoridades, ante estas críticas, han reiterado la necesidad de reforzar las rutas de intervención y de garantizar condiciones mínimas de seguridad para las comunidades que viven junto a estas prácticas. Este episodio, con su saldo trágico, intensifica la presión para acuerdos y acciones concretas que reduzcan el daño humano causado por la minería ilegal en Tolima y más allá.
