En la mañana del domingo 2 de noviembre, la hacienda Japio, situada en la zona rural de Santander de Quilichao en el Cauca, quedó en el centro de una operación de la fuerza pública para restituirla a sus propietarios legítimos. La intervención implicó a unidades de la Policía, el Ejército y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida como Undmo, que reemplazó al Esmad, y se llevó a cabo mediante un operativo ordenado judicialmente. En medio de la acción se registraron choques con comunidades indígenas asentadas desde 2022, con la destrucción de viviendas y cultivos y denuncias de presuntos excesos por parte de los uniformados.
Los datos disponibles describen una ocupación que empezó en agosto de 2022 y que ya supera los dos años en el predio. El objetivo formal era restituir la propiedad a sus dueños legítimos, pero el procedimiento derivó en enfrentamientos y en la quema de viviendas, vehículos y cultivos. Según la senadora María Fernanda Cabal, más de 100 indígenas llegaron al predio en chivas y motos para tomarlo. En los antecedentes de la historia, se recuerda que en 2004 ya hubo un desalojo previo con 19 personas heridas, lo que añade un dato de tensión histórica en torno a la disputa de este territorio, reclamado por las comunidades Paeces como parte de su territorio ancestral.
Contexto y tensión en la región
Este episodio, que se enmarca en un proceso judicial de desalojo, ha provocado una marcada tensión en la región y ha puesto a prueba los esfuerzos de mediación entre autoridades y comunidades. Organismos de derechos humanos trabajan para evitar una escalada y para garantizar el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y de los propietarios privados. Entre los impactos señalados figuran daños ambientales en cuerpos de agua y ecosistemas cercanos, así como la destrucción de viviendas y cultivos, lo que agrava la situación de convivencia en una zona históricamente sensible. Los propietarios continúan con acciones legales para reivindicar la propiedad, mientras las comunidades insisten en que su reclamo se corresponde con su derecho al territorio ancestral, un principio que consideran inseparable de los derechos humanos y que debe ser atendido con diligencia por el gobierno central.
«El cuento es aquí el indígena daña la reserva y miren como nos han enseñado a cuidar la naturaleza, cuidar la reserva, esto no está dañado, lo hemos cuidado durante estos años… el cuento de ellos es que nosotros mantenemos dañando acá y por eso están metiéndose a dañar los cultivos de plátano y las casas de la gente, atropellando a la gente» – Vocera de las comunidades Paeces, resguardos Caldonó, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Aguada, La Laguna y Las Mercedes
«Indígenas Paeces, de los resguardos de Caldonó, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Aguada, La Laguna y Las Mercedes seguimos en ocupación pacífica de la Hacienda el Japio, jurisdicción del municipio de Caloto – Cauca, para revindicar nuestro derecho al territorio ancestral y ampliación del mismo como principio inherente a los derechos humanos – situación que debe ser atendida con diligencia por parte del gobierno central» – Vocera de las comunidades Paeces
En síntesis, la operación deja un escenario de duelo entre derechos, con un proceso de mediación en curso y una comitiva regional que vigila el desarrollo de los hechos para evitar una escalada mayor. La región continúa bajo la mirada de actores locales y nacionales mientras propietaria y comunidades buscan una resolución que reconozca las distintas legitimidades en juego y permita una convivencia pacífica a largo plazo.
