La Policía Nacional y la Fiscalía lograron desarticular una red dedicada a la comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil que operaba en Bogotá, Soacha y Villavicencio, un caso que generó un contundente pronunciamiento del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. La investigación, que se originó a partir de una denuncia ciudadana en septiembre de 2024, permitió la captura de cinco hombres, todos los cuales recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y fueron imputados por los delitos de pornografía con menor de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El mandatario reaccionó enérgicamente a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que «con nuestros niños no se mete nadie». En un mensaje más extenso, De la Espriella aseguró que la protección de los menores es una prioridad absoluta del Estado. «A los que explotan, comercializan y consumen material de abuso sexual infantil les advierto: los vamos a identificar, perseguir y llevar ante la justicia. No habrá anonimato, escondites ni impunidad», declaró el presidente, quien añadió que desde el Gobierno se va a proteger a los niños y niñas del país con toda la fuerza institucional.
Una operación encubierta que duró meses
Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, explicó que la investigación se centró en dos grupos privados de mensajería identificados como «2033», que reunía a aproximadamente 90 integrantes, y «CVPA», con cerca de 59 usuarios. La investigación, que abarcó el periodo entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, permitió establecer que los administradores de estos espacios cobraban entre 20 mil y 50 mil pesos por paquete de contenido, que incluía hasta 600 videos y fotografías de explotación sexual infantil.
Los investigadores del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín, con apoyo de la Fiscalía a través de la Uuenna, realizaron una operación encubierta virtual con nueve infiltraciones en comunidades digitales. A esto se sumó un seguimiento financiero que permitió identificar a los responsables. En los operativos simultáneos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que actualmente están siendo sometidos a análisis técnico para recopilar más pruebas.
«La protección de nuestros niños es una prioridad absoluta. A los que explotan, comercializan y consumen material de abuso sexual infantil les advierto: los vamos a identificar, perseguir y llevar ante la justicia. No habrá anonimato, escondites ni impunidad. Vamos a proteger a nuestros niños con toda la fuerza del Estado»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Durante la investigación, la Dijín logró identificar 461 videos de explotación sexual infantil, mientras que la Fiscalía vinculó a la red más de 600 videos y fotografías. Las autoridades estiman que más de 140 personas pagaron para acceder al contenido, lo que amplifica la gravedad del caso. La delegada Jaramillo advirtió que cada archivo de abuso prolonga la afectación a las víctimas, ya que el material continúa circulando y siendo consumido incluso después de haber sido producido.
En la audiencia de imputación, uno de los implicados, identificado como Milton Darwin Bohórquez Alfonso, aceptó los cargos formulados en su contra, mientras que los otros cuatro detenidos, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades, permanecen en prisión mientras avanzan las investigaciones. El caso ha generado una alerta nacional sobre la operación de estas redes en plataformas digitales y ha llevado al Gobierno a reforzar los mecanismos de persecución contra quienes explotan sexualmente a menores de edad.
