El Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, pondrá en marcha a partir del próximo 3 de junio de 2026 la entrega del ciclo 5 del programa Jóvenes en Paz, una iniciativa que busca brindar apoyo económico a jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo de vinculación a dinámicas criminales. En esta ocasión, serán 5.704 los beneficiarios que recibirán transferencias monetarias condicionadas, con una inversión total de 6.272 millones de pesos, según lo informó la entidad.
El programa, dirigido a jóvenes entre los 14 y los 28 años, ofrece un incentivo económico de hasta un millón de pesos mensuales, con un máximo de doce transferencias, sujeto al cumplimiento de compromisos educativos, laborales o de corresponsabilidad social. Prosperidad Social actúa como ejecutor de los pagos a través de la plataforma SIIF Nación, mientras que el Ministerio de Igualdad y Equidad certifica el porcentaje de cumplimiento de cada beneficiario, factor que determina el monto exacto a desembolsar. Los recursos serán depositados en las cuentas bancarias previamente registradas por los jóvenes.
Condiciones del programa y próximos ciclos
Las autoridades han establecido causales de suspensión del pago, contempladas en el Decreto 1649 de 2023. Entre ellas figuran que el beneficiario no cobre dos ciclos consecutivos, que su documento de identidad esté vencido o que reciba otros beneficios económicos de carácter individual. En caso de presentarse inconsistencias en la cuenta bancaria o inactividad de la misma, Prosperidad Social reportará la situación al Ministerio de Igualdad y Equidad para que se indique la ruta de subsanación correspondiente, la cual deberá gestionarse a través de los enlaces territoriales o los canales oficiales de esa cartera.
De acuerdo con la programación anunciada, el ciclo 6 del programa se entregará a finales de junio de 2026, con el objetivo de ponerse al día con los pagos previstos para este año. La iniciativa articula esfuerzos entre distintas entidades estatales para generar rutas integrales de atención y promover oportunidades educativas y laborales para la población joven más expuesta a contextos de exclusión y violencia, en el marco de las políticas de construcción de paz impulsadas por el Gobierno nacional.
