El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, del partido Creemos, presentó un proyecto de ley para derogar apartes de la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, argumentando que esta normativa beneficia a estructuras criminales y desprotege a las víctimas. El anuncio lo realizó desde la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, en Antioquia, donde permanecen cabecillas de organizaciones armadas del Valle de Aburrá, en el marco del debate sobre la llamada paz urbana. Molina señaló que la ley otorgó facultades excesivas al Gobierno nacional, permitiendo que criminales queden en la impunidad.
Según el representante, 23 cabecillas con más de 362 años de condenas acumuladas se encuentran en libertad, caminando por Medellín y otras ciudades del país, como consecuencia de los beneficios que estableció la Ley 2272. Además, alertó que el Valle de Aburrá concentra 10 de las 22 estructuras criminales que operan actualmente en Colombia. El proyecto de Molina busca eliminar el tratamiento político para estructuras criminales no políticas y reanudar medidas de aseguramiento y condenas que fueron suspendidas, así como establecer reglas claras para los procesos de negociación de paz.
Las críticas a la Ley de Paz Total
Molina fue contundente al afirmar que ningún gobierno puede dejar en impunidad los delitos de los cabecillas de organizaciones criminales ni iniciar un proceso de paz sin antes tramitar una ley de sometimiento a la justicia con reglas claras y sin impunidad. “En nombre de la paz, los gobiernos no pueden andar inventando excusas para que los criminales pasen libres por nuestras calles”, declaró el congresista, quien también cuestionó los beneficios que permitieron levantar órdenes de captura contra jefes del ELN, disidencias y el Clan del Golfo.
“23 cabecillas con más de 362 años de condenas acumuladas. Hoy están libres, caminando por Medellín y otras ciudades del país. Eso permitió la Ley 2272, la base jurídica de la llamada ‘Paz Total’. Hoy, el Valle de Aburrá concentra 10 de las 22 estructuras criminales que operan en Colombia”.
Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes
La Ley 2272 de 2022, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aprobada por el Congreso, ya había sido objeto de múltiples demandas ante la Corte Constitucional. El tribunal declaró exequible el grueso del texto, pero anuló la disposición que permitía incorporar automáticamente a la Constitución los acuerdos con grupos armados, al considerar que requería aprobación del Congreso. Asimismo, la Corte resolvió que el Ejecutivo no puede excarcelar de forma autónoma a integrantes de estructuras criminales con medidas de aseguramiento vigentes para que actúen como “voceros de paz”, pues se requiere intervención y aval judicial.
El proyecto presentado por Molina, que no busca derogar la totalidad de la ley sino apartes específicos, se enfoca en eliminar los beneficios para criminales no políticos y reanudar procesos judiciales suspendidos. Entre las demandas previas contra la Ley de Paz Total se destacan las del congresista José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) y la Fundación para el Estado de Derecho, que logró tumbar la cláusula de incorporación automática de acuerdos al bloque de constitucionalidad. La Corte también admitió demandas contra artículos específicos, como la reserva de información en el Gabinete de Paz, respaldada por Transparencia por Colombia.
“Nuestro compromiso es con las víctimas y con los colombianos que exigen seguridad. Quienes han sembrado terror durante décadas deben responder ante la justicia y no recibir privilegios incompatibles con la gravedad de sus delitos. La paz solo será sostenible cuando esté sustentada en la verdad, la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley”, concluyó Molina, quien presentó la iniciativa desde la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, en un acto simbólico que busca llamar la atención sobre la necesidad de endurecer las condiciones para los procesos de paz en el país.
