Una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación desmanteló una red internacional de estafa con criptomonedas con base en Medellín, dejando 14 personas detenidas y la incautación de más de 1.329 millones de pesos. Denominada Dominó, la operación se desarrolló con 22 allanamientos en Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro, y reveló una estructura compleja que combinaba call centers para captación de víctimas, plataformas fraudulentas y empresas fachada para justificar fondos y facilitar el blanqueo de capitales.
En las investigaciones, que cuentan con documentos de la Fiscalía citados por El Tiempo, se destacó que la cúpula y las oficinas centrales operaban desde Medellín, con presencia en dos centros comerciales en El Poblado y en una torre de oficinas cercana al Parque Lineal Ciudad del Río. Entre los detenidos figuran Boaz Iaakok Derra, alias Jim, ciudadano israelí; Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel, ciudadano mexicano; Daniel López Uribe, abogado; José Mauricio Murcia Martínez, alias Transportador; y Paula Andrea Londoño, contadora y revisora fiscal, sumando un total de 14 personas arrestadas. La red, según la investigación, utilizaba cuentas en varios países y estructuras en Cyprus, México e Israel, además de emplear sistemas de acceso remoto como AnyDesk e Imperius para tomar control de cuentas bancarias durante las operaciones fraudulentas.
Una red que operaba desde Medellín a escala regional
La modalidad de la estafa se centraba en call centers para la captación de víctimas y el uso de plataformas fraudulentas, con contratos ficticios que simulaban negocios reales y que supuestamente movían fondos entre Cyprus, México e Israel. Las plataformas mencionadas dentro de la investigación incluyen Fxmundos y Fxbravo, Macrocien, Fxtrategy, All Markets Pro, Bearinvester, Solutraders, Ascendingbull, Fxintegral, Iverlion, Noimarkets, Profitbitz, Cmtrading, Adrswap y NFTs Learn, entre otras. En paralelo, la estructura contaba con dos centros comerciales en El Poblado y con pisos 7 y 8 de una torre cercana al Parque Lineal Ciudad del Río, desde donde se coordinaba la red y se gestionaban las operaciones financieras internacionales. En el operativo se incautaron dos armas de fuego, dos radios de comunicación, dos camionetas de alta gama, 757 discos duros, 43 computadores y 22 teléfonos móviles, evidencias que la Fiscalía utiliza para trazar el flujo de fondos y la logística operativa.
«La operación de gran envergadura desarticula una red transnacional dedicada a la estafa mediante criptomonedas y demuestra la capacidad de las autoridades para actuar en varios países.» – Fiscalía General de la Nación
El resultado de la acción policial permitió identificar empresas fachada que, según la Fiscalía, movían fondos de alto valor: Call Services Co SAS con unos 17.000 millones de pesos, Conexión Segura Co SAS con 26.000 millones, Outsourcing y Soluciones con 17.000 millones, Programming Solutions con 5.500 millones, Green Group con 5.600 millones y Soluciones Empresariales Torre con 3.749 millones, montos que, sumados, reflejan el volumen de operaciones simuladas para blanquear recursos provenientes de estafas en criptomonedas. La cifra total de dinero incautado supera, así, los 1.329 millones de pesos, y la estimación de defraudación supera los 71.000 millones, según la valoración preliminar de las autoridades.
La investigación también señala que la operación afectó a inversores en al menos diez países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador y Colombia, consolidando la idea de una red transnacional que operaba desde Medellín con ramificaciones regionales. En ese marco, la Fiscalía subraya la complejidad de desmantelar este tipo de redes, que aprovechan la banca offshore, múltiples jurisdicciones y plataformas digitales para desviar y dificultar el rastreo de activos.
Ante este panorama, los analistas destacan que el caso evidencia los desafíos que enfrentan los sistemas financieros y judiciales latinoamericanos frente a delitos tecnológicos transnacionales. La investigación continúa para esclarecer responsabilidades y rastrear el destino final de los fondos, así como para desmantelar posibles ramificaciones en otros países. Este avance, considerado uno de los golpes más contundentes contra redes de estafa vinculadas a criptomonedas en la región, plantea preguntas sobre la efectividad de la regulación y supervisión de plataformas digitales y servicios vinculados a criptoactivos, así como sobre la necesidad de cooperación regional para perseguir a redes que operan más allá de las fronteras nacionales.
