Una operación del GAULA de la Policía en Caldas y la Fiscalía Tercera Especializada permitió identificar y desarticular una estructura dedicada a la extorsión carcelaria desde varios centros penitenciarios del país. Cuatro personas fueron capturadas.
El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y la Fiscalía informaron que la estructura, conocida como la “Oficina del 3”, realizaba exigencias económicas mediante llamadas intimidatorias a víctimas en diferentes regiones del país. La investigación determinó que gran parte de estas actividades se coordinaban desde el centro penitenciario de alta y mediana seguridad Doña Juana, en La Dorada (Caldas).
De acuerdo con las autoridades, tres internos ubicados en cárceles de Caldas, Boyacá y Santander se hacían pasar por comandantes de grupos armados para presionar pagos bajo amenaza, utilizando la modalidad de “falso servicio”.
Las indagaciones permitieron establecer la presunta participación de alias Salvador, un exfuncionario del INPEC que, durante su paso como auxiliar, habría ingresado dispositivos tecnológicos a los centros penitenciarios, facilitando la continuidad de las actividades extorsivas.
Con el material probatorio recolectado, se adelantaron operativos simultáneos en los centros penitenciarios de La Dorada (Caldas), Puerto Boyacá (Boyacá) y Girón (Santander). Como resultado, fueron capturados alias Yilombo, Negro Mena y Milton, además de alias Salvador, quienes quedaron vinculados a procesos por concierto para delinquir y extorsión.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural a los cuatro investigados. Según las autoridades, este resultado afecta la capacidad de operación de la estructura conocida como la “Oficina del 3”.
La Policía indicó que los casos recientes de extorsión telefónica continúan siendo objeto de investigación y que las víctimas han aportado información relevante para el avance de los procesos.
Las autoridades reiteraron que la extorsión sigue siendo uno de los delitos que más afecta la tranquilidad ciudadana y señalaron que es fundamental aportar datos que permitan identificar a los responsables en los centros penitenciarios o fuera de ellos.
