Una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín anticorrupción dejó este lunes 27 de octubre la detención de tres personas en Barranquilla: Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI en Barranquilla; Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez; y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del CTI. Las autoridades están vinculando las detenciones a una investigación por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública, dentro de una estructura dedicada al tráfico de información confidencial y al chantaje de personas investigadas. El despliegue policial forma parte de un esfuerzo para desmantelar esa red, y las audiencias de imputación se esperan en un plazo no mayor a 36 horas. Las diligencias se desarrollaron en Barranquilla, Atlántico; además, se realizaron actos en la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, durante julio de 2024, según las autoridades.
El expediente representa un capítulo más de una investigación que ya tiene antecedentes en casos de alto perfil en la región norte, vinculados a la Universidad Metropolitana y al excontralor Jesús Acevedo. Betzaida Guerra Martínez, madre de uno de los detenidos, no fue capturada y, según la Fiscalía, su historial será auditado en el SPOA para determinar posibles vinculaciones con el crimen organizado y si estaría verificando estados judiciales de integrantes de la organización Los Costeños a partir de expedientes a los que podría haber tenido acceso. En paralelo, la Fiscalía señala que la red operaba mediante el uso de documentos judiciales falsos para obtener datos de entidades públicas, y que existe una denuncia de extorsión por 140 millones de pesos dirigida al alcalde Navarro Manga para detener un proceso judicial relacionado con irregularidades en contratación pública. Todo ello forma parte de una investigación en curso que también contempla posibles alianzas con bandas criminales locales y que ha sido descrita como la apertura de un macrocaso de corrupción judicial en la zona norte del país. Este despacho de La Veintitrés Manizales continúa siguiendo de cerca el avance de las diligencias y las imputaciones.
Barranquilla y la región norte, bajo la lupa por un macrocaso de corrupción judicial
La operación apunta a desmantelar una estructura que traficaba información confidencial y ejercía presión mediante el chantaje a personas investigadas, con el uso de documentos falsos para acceder a expedientes y datos de entidades públicas. Las autoridades señalan que el caso tiene un alcance que podría implicar acciones irregulares y posibles vínculos con bandas locales, motivo por el cual se han ordenado auditorías y se mantiene la vigilancia sobre los procesos que se abren en la región.
«se está realizando auditoría al SPOA de la fiscal Guerra para saber si conoce personas vinculadas al crimen organizado y si estaba verificando estados judiciales a los integrantes de la organización Los Costeños, es decir, si estaba usando información reservada de manera irregular» – Investigador, equipo de investigación (según Cambio)
La información se sustenta en reportes de la Revista Cambio y en la confirmación de la Fiscalía General de la Nación a los medios a nivel nacional. En este marco, la Fiscalía describe el caso como el primer paso de lo que han denominado un macrocaso de corrupción judicial en la zona norte, señalando que la organización habría funcionado gracias al uso de documentos judiciales falsos para obtener datos de entidades públicas, con posibles alianzas con bandas criminales locales. Este despacho de La Veintitrés Manizales continuará informando a medida que se produzcan nuevos desarrollos y las audiencias de imputación avancen.
