Los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, representante a cargo de curules de paz por Arauca, fueron detenidos recientemente y trasladados a centros de reclusión en Bogotá por su presunta vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Manzur fue llevado a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, mientras que Manrique ingresó a la cárcel El Buen Pastor. Ambos se suman a cerca de diez funcionarios ya privados de la libertad, en un entramado que involucra manipulación de contratos, desvío de fondos destinados a emergencias, sobornos, concierto para delinquir, peculado, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.
Entre los implicados figuran el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, recluido en el Cantón Militar Caldas al norte de Bogotá; el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, en la Escuela de Artillería del Ejército Nacional al sur de la capital; y el contratista Luis Eduardo López, alias El Pastuso, en una estación de carabineros. Asimismo, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, permanece en la Escuela de Carabineros de Cali desde diciembre de 2025; el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el Cespo de Bogotá; la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, en la guarnición militar de Carabineros en Bogotá; e Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, citados a audiencia virtual el 5 de marzo de 2026 y recluidos en el pabellón de funcionarios de La Picota en Bogotá. Las detenciones se produjeron mediante órdenes de captura, llamados a juicio y traslados a reclusión provisional, con algunos casos involucrando colaboración con la justicia o entregas voluntarias.
Desvío de billones y sobornos a congresistas
La investigación de la Fiscalía revela un esquema de corrupción en la Ungrd donde se desviaron billones de pesos destinados a emergencias, canalizados hacia sobornos a congresistas y financiamiento político. Proyectos como los carrotanques en La Guajira, así como iniciativas en Córdoba, Arauca y Bolívar, quedaron afectados por la manipulación de contratos y votaciones en comisiones. López y Pinilla han aceptado cargos en colaboración con la justicia, mientras que Sandra Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de fondos para los carrotanques en La Guajira. Se destacan cifras como los 3.000 millones de pesos destinados a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle.
Este escándalo salpica a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro e impulsa un proceso judicial que avanza con juicios orales y delaciones. Las autoridades continúan profundizando en la red de exdirectivos de la Ungrd y contratistas, con implicaciones que podrían extenderse a más regiones del país.
