Cuatro colombianos oriundos de Ibagué, en el Tolima, fueron detenidos recientemente en Estados Unidos acusados de liderar un esquema de fraude electrónico, suplantación de funcionarios migratorios y lavado de dinero a través de un bufete de abogados ficticio. Se trata de Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, de 25 años; Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, de 29 años; Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, de 38 años; y Marlyn Yulitza Salazar Pineda, de 24 años, todos residentes en Nueva Jersey. Tres de ellos fueron capturados en el Aeropuerto Newark Liberty, mientras que la cuarta persona cayó en un restaurante del mismo estado.
La operación se desarrolló principalmente en Nueva Jersey, con la acusación formal presentada en el Distrito Este de Nueva York. Los implicados crearon el falso bufete denominado CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria, captando víctimas a través de Facebook al prometer ayuda en trámites migratorios. Cobraban elevados honorarios, entregaban documentos falsificados con logotipos oficiales y simulaban audiencias virtuales utilizando togas, uniformes y escenarios preparados para aparentar legitimidad, todo con el fin de explotar la vulnerabilidad de las personas en procesos de inmigración.
Una red que movió miles de dólares
Las transacciones fraudulentas superaron los 100.000 dólares, equivalentes a más de 360 millones de pesos colombianos, con el dinero siendo transferido hacia Colombia. Ninguno de los detenidos posee licencia para ejercer como abogado en Estados Unidos, y enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y suplantación de funcionarios estadounidenses, con penas posibles de hasta 20 años de prisión por cada cargo. Al menos una víctima vio revocada su orden de deportación debido a la estafa.
«Los implicados socavaron la integridad del sistema de inmigración»
Joseph Nocella, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York
La investigación es liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, cuya acusación formal fue hecha pública recientemente. Un quinto individuo permanece prófugo, y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar el alcance total de la red. Cabe resaltar la presunción de inocencia de los acusados hasta que se celebre un juicio en su contra, según Infobae.
