La detención de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalada por la Fiscalía General de la Nación como cabecilla de una estructura delictiva y enlace entre quienes ordenaron el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y los autores materiales, ocurrió el 27 de octubre de 2025 en la finca El Futuro, ubicada en Puerto Lleras, Meta. En una operación policial que se extendió durante audiencias de cinco horas, las autoridades reunieron indicios que refuerzan la hipótesis de la participación de la Segunda Marquetalia en la planificación y ejecución del atentado.
Este hombre, conocido también como La Firma, Tulio o Sebastián, registra antecedentes penales: condena a 33 años de prisión y paso por La Modelo. Según la Fiscalía, Pérez Marroquín era la figura de cabecilla de una red dedicada al tráfico local de estupefacientes y funcionaba como enlace con las personas que ordenaban homicidios, además de coordinar actividades ilícitas, entregar armamento y municiones y mantener contacto directo con quienes financiaban la estructura delictiva para sus fines ilegales.
La detención se produjo en el marco de una operación policial que, además de la captura, incluyó interceptaciones telefónicas, fotografías, interrogatorios y videos, y culminó con una diligencia de inspección de la finca El Futuro para confirmar la logística de la organización. El expediente recolectado indica un despliegue de pruebas que muestran la coordinación de tareas, instructivos para la entrega de armas y la conexión con quienes ordenaban las acciones y remuneraban a la red.
Las autoridades informan que la captura se dio en medio de una diligencia que se prolongó desde las 10:55 a. m. hasta las 12:20 p. m. y que en la finca quedaron bajo resguardo un arma de fuego calibre 22, un rifle calibre 22, cinco teléfonos, dos tarjetas SIM, una motocicleta Pulsar 250 y diversos manuscritos y documentos que podrían sustentar las líneas de investigación relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Además, se recuerda que Pérez Marroquín ya había sido condenado a 33 años de prisión y había pasado por La Modelo, antecedentes que contextualizan su perfil como actor clave en la cadena delictiva.
En el marco de este operativo se destaca el contexto de otros actores vinculados, como Jhon Linares y Marco Aurelio Buendía, vinculados al bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central de las Farc, mientras persiste la hipótesis de la participación de la Segunda Marquetalia. La declaración de una testigo clave, Katerine Martínez, alias Gabriela, detenida en Florencia, Caquetá, fue determinante para identificar a Pérez y planear su captura. Martínez indicó que Pérez la contactaba para transportar armas y explosivos y que, a cambio, recibía dinero; el hijastro de Pérez Marroquín fue citado como pista para corroborar testimonios y planear el operativo, lo que refuerza la línea investigativa sobre la cadena de mando y las facilitaciones logísticas del magnicidio.
Testimonio clave y operatividad se consolidaron con la diligencia, que encontró armas, manuscritos, documentos, cinco teléfonos y dos SIM cards, así como una Pulsar 250 y un rifle 22; la investigación incorpora interceptaciones y videos que permiten reconstruir etapas de la planificación y ejecución. En este marco, la Fiscalía subraya que la detención refuerza la línea de investigación sobre la cadena de mando y las facilitaciones logísticas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, al evidenciar la existencia de una red estructurada con capacidad de coordinación y financiamiento.
«Al llegar observan en una habitación una cama con una repisa de madera, encontrando un arma de fuego calibre 22; siendo las 11:35 hallan una bolsa plástica con manuscritos y documentos; siendo las 11:40 se hallan cinco teléfonos y dos sim card; hallan una moto marca Pulsar 250; y a las 11:50 un rifle calibre 22» — Elsa Reyes, Fiscal
«Es una persona con mucho poder, y le daba mucho miedo que fueran a atentar contra la familia si suministraba la información» — Katerine Martínez, alias Gabriela, detenida en Florencia, Caquetá
La detención de Simeón Pérez Marroquín se inscribe en un esfuerzo sostenido para desmantelar redes criminales que operan en la región con capacidades para planificar atentados de alto impacto y gestionar la logística de actividades ilícitas. Este golpe judicial, que afianza la hipótesis sobre la participación de la Segunda Marquetalia, se interpretará como un paso significativo en la rendición de cuentas de actores que, mediante estructuras de mando y alianzas entre narcotráfico y actores armados, amenazan la seguridad regional y nacional.
