La crisis energética en la Costa Caribe colombiana alcanzó un punto crítico que obligó a la instalación de una Mesa Técnica Permanente del Sector Energético, un espacio de diálogo que reúne a autoridades nacionales, empresas del sector y entes de control para buscar soluciones urgentes. El agente especial de Air-e, Jaime Humberto Meza Buitrago, fue contundente al advertir que la infraestructura eléctrica existente no logra seguir el ritmo de crecimiento de la demanda en la región, una situación que se agrava por millonarias deudas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema.
Durante la instalación de la mesa, que contó con la participación del presidente de EPM, John Maya; la ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, y el procurador general, Gregorio Eljach, se revelaron cifras alarmantes. Air-e acumula una deuda de cerca de 5 billones de pesos con el mercado generador de energía, mientras que los usuarios de la empresa le deben aproximadamente 6,4 billones de pesos, una cifra que incluye a hogares en barrios subnormales, así como a clientes de estratos 1, 2 y 3. La magnitud del problema se refleja en que el 92% de los barrios eléctricamente subnormales de todo el país se concentran en la Costa Caribe, lo que explica en parte las pérdidas de energía que rondan el 30% y el hurto de electricidad que alcanza entre el 25% y el 26% de la energía que Air-e deja de recaudar.
La urgencia de una solución estructural
Meza Buitrago explicó que el crecimiento acelerado de la demanda supera con creces la capacidad de la infraestructura actual, un desbalance que se ha vuelto insostenible. «Desafortunadamente, la infraestructura tiene una capacidad y la velocidad a la que está creciendo la demanda es mucho mayor que esa capacidad», señaló el agente especial de Air-e, quien además destacó que la situación podría derivar en mayores costos para el Estado y en presiones adicionales sobre las tarifas de los usuarios de menores ingresos. Como medida paliativa, el Gobierno Nacional destinó 1,5 billones de pesos para pagar deudas con las empresas térmicas, aunque los actores del sector coinciden en que se requiere una solución de fondo.
John Maya, presidente de EPM, advirtió sobre un fenómeno particular en la región: el consumo de las familias de estrato 1 puede superar el límite establecido para recibir subsidios, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas, lo que genera un desfase entre el costo real del servicio y lo que pagan los hogares. Maya propuso revisar la implementación de sistemas de energía prepago como una posible alternativa para mejorar la gestión del consumo y la recaudación.
«Desafortunadamente, la infraestructura tiene una capacidad y la velocidad a la que está creciendo la demanda es mucho mayor que esa capacidad»
Jaime Humberto Meza Buitrago, Agente especial de Air-e
La ministra Nohemí Arboleda anunció que las mesas de trabajo continuarán en las próximas semanas, con la participación de los sectores de energía, carbón y gas, además de la academia, gobernadores y autoridades municipales. El procurador Gregorio Eljach, por su parte, advirtió sobre el crecimiento de las deudas y el déficit del sistema, y aseguró que la Procuraduría acompañará el proceso desde la prevención y la supervisión del cumplimiento de las normas. La Mesa Técnica Permanente del Sector Energético surge así como un intento por evitar que la crisis regional afecte el suministro eléctrico en siete departamentos y golpee con mayor fuerza los bolsillos de las familias más vulnerables.
