El Consejo Gremial de Colombia, liderado por su presidenta Natalia Gutiérrez, lanzó una alerta urgente sobre la deuda acumulada del Gobierno nacional con las empresas de energía y gas, que ya supera varios billones de pesos y amenaza la continuidad del suministro para millones de usuarios en todo el país. Esta situación, originada en el incumplimiento de compromisos económicos del Estado como el reembolso de subsidios y otras obligaciones, podría derivar en un grave «apagón financiero» que comprometa la estabilidad operativa de las compañías del sector.
Según los datos revelados, la deuda por servicios de energía asciende a 2,6 billones de pesos, mientras que la correspondiente al gas natural alcanza los 1,04 billones. A esto se suman 2,2 billones pendientes por la opción tarifaria implementada durante la pandemia y 1,4 billones por servicios prestados a entidades públicas. Esta carga financiera, proyectada hasta enero de 2026, crece a un ritmo estimado de 410.000 millones de pesos mensuales, lo que agrava el panorama y podría traducirse en incrementos de hasta el 140% en las facturas de los usuarios si no se resuelve de manera inmediata.
Riesgos inminentes para el suministro nacional
El problema radica principalmente en los atrasos para reembolsar los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, así como en la opción tarifaria de la pandemia, un inconveniente recurrente en pagos gubernamentales que ahora se acumula de forma alarmante. Las empresas del sector han aplicado descuentos en los subsidios a sus clientes a la espera del reembolso estatal, y también queda pendiente el pago por servicios directos prestados a entidades públicas, lo que genera un hueco financiero que pone en jaque la operación normal de las compañías.
«La energía y el gas de millones de colombianos están en riesgo. La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza la continuidad del servicio.»
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
Esta advertencia subraya la urgencia de una intervención gubernamental para evitar impactos directos en la población, recordando que problemas similares en el pasado han escalado hasta afectar el servicio público esencial, y llama a una solución inmediata que preserve la estabilidad del sector energético en Colombia.
