La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, denunció que el programa Colombia Mayor arrastra un déficit superior a los tres billones de pesos, una cifra que habría puesto en riesgo las transferencias destinadas a cerca de tres millones de adultos mayores durante la vigencia de 2026. En un comunicado público respaldado en un acta de gestión firmada por el exdirector Mauricio Rodríguez, Suárez reveló que el presupuesto asignado a la entidad apenas alcanzaba para financiar seis de los doce ciclos operativos del año, lo que generó una situación crítica que afectó directamente a los beneficiarios que dependen de esta renta básica para su subsistencia.
Un hueco presupuestal de más de tres billones
Según explicó la directora, la administración anterior solicitó un presupuesto de 8,4 billones de pesos para el programa, pero el monto finalmente asignado fue de 4,6 billones, dejando un faltante de 3,7 billones que no fue cubierto. “La plata del programa no estaba asegurada. El hueco era de más de tres billones de pesos y afectó las transferencias”, afirmó Suárez. Agregó que, pese a que el exdirector Mauricio Rodríguez había asegurado que las transferencias estaban al día y los recursos garantizados, en un informe del 6 de agosto reconoció que con el presupuesto disponible solo se podía pagar la mitad del año. Como consecuencia, el ciclo correspondiente a marzo no fue pagado por la administración saliente, y tampoco se realizó un giro doble posterior para compensar ese faltante. Para agosto, cuando ya transcurría el octavo mes del año, el séptimo ciclo no había comenzado y ni siquiera estaban asegurados todos los recursos para financiarlo.
«Lo que encontramos fue una falta de planeación y responsabilidad financiera. Se anunciaron más beneficiarios, se aumentó el valor de las transferencias y se generaron expectativas entre millones de adultos mayores, pero no se dejaron asegurados todos los recursos para responder por esos compromisos»
Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social
La directora también cuestionó una operación presupuestal por 770.095 millones de pesos, vinculada al convenio interadministrativo CONV-MT-642-2025, firmado el 7 de noviembre de 2025. Según Suárez, esa operación trasladó recursos apropiados para gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo y los incorporó a Prosperidad Social como recursos de inversión, un cambio de sección presupuestal y clasificación del gasto que, a su juicio, requería autorización del Congreso. Por ello, solicitó a los organismos de control examinar esta maniobra y determinar si se ajusta a la legalidad.
La respuesta del Gobierno y el llamado al Congreso
Frente a esta grave situación, el presidente Gustavo Petro gestionó recursos adicionales por más de 400.000 millones de pesos, y el Gobierno anunció la consecución de 1,3 billones de pesos, aunque no se precisó cuánto de ese monto ya fue ejecutado ni el alcance temporal de esos recursos. La actual administración de Prosperidad Social logró asegurar la financiación del séptimo y octavo ciclo, que estaban en riesgo. “Sabemos lo que significa esta ayuda para las personas mayores y para sus familias. Desde el primer día trabajamos para encontrar los recursos que hacían falta: conseguimos la financiación del séptimo ciclo y aseguramos también la del octavo”, declaró Sandra Suárez. Sin embargo, advirtió que la continuidad del programa a largo plazo depende del respaldo del Congreso al proyecto de adición presupuestal de 2026. “Ahora necesitamos el respaldo del Congreso para garantizar esa continuidad”, subrayó.
«Detrás de cada transferencia hay una persona que cuenta con ese dinero para alimentarse, comprar sus medicamentos y atender las necesidades de su hogar. No podemos jugar con la ilusión de quienes más lo necesitan»
Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social
El programa Colombia Mayor, que entrega una renta básica de 230.000 pesos a adultos mayores que no alcanzaron una pensión, fue ampliado durante la administración de Gustavo Petro como parte de la reforma pensional, pero la falta de planeación presupuestal dejó a millones de beneficiarios en la incertidumbre. Los pagos de los primeros ciclos de 2026 se realizaron de forma escalonada: los ciclos uno y dos comenzaron a pagarse el último día de febrero, únicamente en dos departamentos; el tercero, en abril; el cuarto, en mayo; el quinto, en junio; y el sexto, correspondiente a junio, estaba en curso el 4 de agosto. Con el séptimo ciclo aún sin iniciar transcurrido más de la mitad del año, la directora de Prosperidad Social insistió en que se necesita una investigación a fondo y un compromiso firme del Legislativo para evitar que esta situación se repita y garantizar el derecho de los adultos mayores a recibir esta transferencia vital.
