El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos, 59,3 billones por encima del proyecto inicial heredado de la administración de Gustavo Petro. La presentación, que se realizó antes del 1 de octubre de 2026 cuando arranca el debate formal en plenarias, busca sincerar las cuentas públicas y revela, según empresarios y analistas, un deterioro fiscal profundo con un déficit del 9,4 % del PIB y una deuda neta proyectada de 66,2 % del PIB.
El nuevo presupuesto está compuesto por 155,4 billones de pesos para el servicio de la deuda –un incremento del 54,7 % respecto a 2026–, 86,9 billones para inversión (una reducción del 2,8 % frente al año anterior) y 392,5 billones para funcionamiento. El crecimiento real del PIB proyectado para el año entrante es de apenas 1,8 %, lo que refleja la estrechez económica que enfrenta el país. El proyecto incorpora además partidas para atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y para cubrir déficits desfinanciados por 31 billones de pesos.
Advertencias desde el sector empresarial
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), calificó el presupuesto como un aterrizaje forzoso en la realidad fiscal del país. En sus declaraciones, señaló que Colombia enfrenta una situación fiscal extraordinariamente compleja y que sincerar las cuentas no crea el problema, sino que permite conocer su verdadera dimensión. Mac Master insistió en que este presupuesto debe analizarse menos como un programa ordinario de gasto para 2027 y más como el punto de partida de una operación de estabilización fiscal. Advirtió que la inversión pública corre el riesgo de convertirse en la principal variable de ajuste y que recortarla puede debilitar la capacidad fiscal futura. Propuso construir una senda que permita recuperar simultáneamente la estabilidad fiscal, proteger la inversión, impulsar el crecimiento y fortalecer la confianza, con una estrategia de financiación de largo plazo que involucre a los sectores público y privado, así como un mayor uso de financiamiento multilateral y bilateral.
“El presupuesto que nos aterriza en la dura realidad. Colombia enfrenta una situación fiscal extraordinariamente compleja. Sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión. Este presupuesto debe analizarse menos como un programa ordinario de gasto para 2027 y más como el punto de partida de una operación de estabilización fiscal”.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, también calificó la situación como excepcional y propuso vender las acciones que el Estado posee en la empresa ISA como una alternativa para cubrir el faltante de recursos. Junco aseguró que tanto Empresas Públicas de Medellín (EPM) como el Grupo Energía Bogotá estarían interesadas en adquirir esos títulos, lo que fortalecería la caja del Gobierno sin que el activo estratégico salga del control público colombiano.
“Estamos ante una situación fiscal excepcional. Vender ISA para ayudar a cubrir el faltante de recursos del presupuesto nacional. Estoy convencido que le interesarían a EPM y el Grupo Energía Bogotá, así se fortalece la caja del Gobierno y un activo estratégico sigue en manos públicas colombianas”.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian
El déficit de 9,4 % del PIB supera ampliamente lo establecido por la ley de ajuste fiscal, que apunta a un nivel cercano al 7,2 %. La proporción del presupuesto con respecto al PIB llega al 29,9 %, y la creciente presión del servicio de la deuda desplaza la inversión pública, un fenómeno que los analistas advierten podría debilitar aún más el crecimiento económico. El debate formal del presupuesto comenzará el 1 de octubre de 2026 y deberá ser aprobado antes del 20 de octubre. Mientras tanto, empresarios y gremios observan con atención la estrechez fiscal que condicionará el gasto y la inversión futura del país.
