La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) implementará, a partir del año gravable 2026, la obligación de reportar tenencias y transacciones con criptoactivos, mientras el Congreso de la República archivó definitivamente el proyecto de ley 510 de 2025 que buscaba regular a los proveedores de servicios de activos virtuales. Esta paradoja deja a Colombia en una situación sin precedentes: exige información tributaria sobre un mercado que aún carece de un marco normativo integral para su funcionamiento. La medida fue formalizada mediante la Resolución 000240 del 24 de diciembre de 2025, que adopta el Marco de Reporte de Criptoactivos de la OCDE (Carf). El primer envío de información deberá realizarse en mayo de 2027, mientras que el proyecto de ley fue archivado por aplicación del artículo 190 de la Ley 5 de 1992.
Según el Concepto 5146 del 26 de junio de 2026, la Dian aclaró que esta nueva obligación no crea un tributo nuevo, sino que se aplican las reglas generales del Estatuto Tributario. Esto significa que Colombia no cuenta con una definición tributaria especial de criptoactivo ni con una base o método exclusivo para valorarlo. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha reiterado que no regula, supervisa, avala ni autoriza negocios basados en criptoactivos, lo que profundiza el vacío institucional. Entre julio de 2024 y junio de 2025, Colombia recibió 44.200 millones de dólares en valor de criptoactivos, el quinto volumen más alto de América Latina, según la firma Chainalysis. Desde abril de 2022, la Resolución 314 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) ya exige reportes de operaciones sospechosas y mensuales sobre transacciones con activos virtuales.
Vacío regulatorio y falta de reglas claras
El archivo del proyecto de ley 510 de 2025 elimina cualquier iniciativa que buscara ordenar el funcionamiento de los proveedores de servicios de activos virtuales. Actualmente, no existe una garantía oficial sobre la solvencia de una plataforma; se cumple con los reportes ante la Uiaf y la Dian, pero sin un régimen integral que regule las reservas, la segregación de fondos, la custodia o la respuesta ante una quiebra. Esta situación genera incertidumbre tanto para los inversionistas como para las empresas del sector, que además buscan evitar dos simplificaciones no especificadas en la regulación.
«El país ya decidió cómo va a mirar este mercado desde lo tributario, pero todavía no decide bajo qué reglas puede operar. Esa distancia es la que hay que cerrar»
Santiago Guzmán, director ejecutivo del Cripto Latin Fest
Esta declaración resume el dilema del ecosistema cripto en Colombia. El Cripto Latin Fest, que se realizará del 26 al 28 de agosto en Bogotá, será el escenario donde el sector planteará tres solicitudes concretas a las autoridades. Sin embargo, cualquier propuesta regulatoria deberá competir por espacio en la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien se posesionó el 7 de agosto pasado. El nuevo mandatario prometió herramientas digitales contra la corrupción y anunció una reforma tributaria para septiembre, lo que podría retardar la discusión sobre la regulación de los activos virtuales. Mientras tanto, la Dian ya tiene la herramienta para exigir reportes, pero el Congreso aún no define las reglas de juego para un mercado que mueve miles de millones de dólares al año.
